Por: José María Lassalle, consultor y profesor de Filosofía del Derecho en ICADE. Fue secretario de Estado de Cultura y Agenda Digital
La amnistía es una de esas palabras tabúes en la política española que conectan directamente con el siglo XIX y los choques partidistas que desgarraron la estabilidad del país. Entonces fue un factor que propició pronunciamientos, golpes y asonadas.
Se otorgaba a los afines políticos cuando el poder les era propicio. Esto contribuía a que los oponentes al gobierno intentaran desafiar el orden constitucional. Algo que favorecía el uso de las armas y la violencia al saber quienes las utilizaban que, cuando llegaran los amigos políticos al gobierno, la amnistía les perdonaría sus excesos.
Esto hizo que se enquistara el uso partidista de la medida y que se dificultara un uso sensato de la misma, que tenían reconocida los reyes desde la Edad Media y que fue finalmente reconducida en 1870 con la ley de gracia sobre el indulto que, con pocas modificaciones, se ha mantenido vigente hasta la actualidad.
Desde entonces se ha administrado con relativo cuentagotas, tanto por la monarquía alfonsina, como por la II República y la Dictadura de Franco. De acuerdo con su filosofía, solo se pueden indultar individualmente hechos punibles con sentencia firme. Algo que ha de hacerse dentro de un procedimiento que, con la intervención del Ministerio Público y el tribunal sentenciador, exige que concurran factores de interés general que lo aconsejen y acrediten.
Hablamos de un proceso judicializado de gracia que administra el Gobierno dentro del principio de legalidad y siempre a título individual, pues la Constitución de 1978 prohíbe expresamente los indultos generales. Eso es lo que sucedió hace dos años cuando el gobierno de Pedro Sánchez aprobó los indultos que acortaron la estancia en prisión de varios de los condenados por los hechos delictivos que acompañaron el proceso independentista en Cataluña de 2017.
Distinta, sin embargo, es la figura de la amnistía, que ahora se quiere aprobar mediante una ley que la declare expresamente para los mismos hechos que están todavía sin condenar, bien porque los presuntos autores están fugados de la justicia, bien porque esta no ha concluido todavía sus actuaciones.
Aquí, hay que advertir de antemano que la Constitución de 1978 no prohíbe la amnistía, aunque no está regulada. Es una figura excepcional que solo puede abordar el Congreso cuando lo avale el interés general y obtenga la mayoría más uno de los votos de los diputados.
Una decisión política que ampara el principio democrático de primacía de la legalidad y que, por su naturaleza excepcional, requiere consensos amplios que la blinden frente al debate político. Algo que en el caso que nos ocupa está muy lejos de tener.
Este factor lastra su eficacia ya que hace que la polémica y la división social acompañen su aprobación. Un dato que no es menor. Entre otras cosas porque debilita la acreditación del interés general que justifica la amnistía y que puede dar lugar a recursos que paralicen su entrada en vigor ante el Tribunal Constitucional o, incluso, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Recordemos que la última vez que se otorgó en España fue en octubre de 1977, antes que se aprobara la Constitución y cuando la sociedad española trataba de crear las condiciones favorables para que cuajara la democracia y se lograse una estabilidad consensuada por la mayoría de las fuerzas políticas que estaban detrás de los acuerdos de la Transición.
Se dio porque la democracia española no podía ser plena si muchos de sus ciudadanos, algunos diputados electos, tenían antecedentes penales dictados por tribunales de la dictadura que no habían estado sujetos al principio de legalidad de un Estado de Derecho democrático. Algo que avaló el consenso mayoritario de quienes de un modo u otro eran víctimas y victimarios de la dictadura.
Desde entonces hasta hoy no había vuelto a operar como tal. De ahí la tensión que provoca su uso por las consecuencias que se asocian a ella. Recordemos que, a diferencia del indulto que perdona la pena, la amnistía borra los hechos punibles y los da por no producidos. Un fenómeno de amnesia política complicado en el caso que nos ocupa porque una parte muy importante de la sociedad no quiere olvidarlos.
La proposición de ley tiene lugar seis años después de la convocatoria de referéndum ilegal en Cataluña y la proclamación de independencia, también ilegal, que se produjo entonces.
Circunstancias ambas que, sumadas a lo sucedido hasta entonces, llevaron al conjunto del país, no solo a Cataluña, a una situación inédita de conflicto que amenazó abiertamente la paz social.
A ello se añade un dato adicional que, ahora, es sustancial para entender la tensión política que provoca la amnistía que se debatirá en breve en el Congreso. Un dato que tiene que ver con el hecho de que la ley es consecuencia de una negociación de investidura del Gobierno que exige, a cambio de los votos de los partidos independentistas catalanes, que se apruebe y beneficie con ella a todos los fugados de la justicia, en proceso judicial o en cumplimiento de condena.
La digestión democrática de la amnistía no será fácil. La historia proyecta sus sombras, lo mismo que el contexto presente. Pero, sobre todo, lo hace la falta de un consenso amplio que abarque a la mayoría de los partidos políticos. Algo fundamental para que surta los efectos sanadores y de búsqueda de la concordia nacional que alega pretender en su exposición de motivos. Un objetivo difícil de alcanzar. No tanto porque pueda derogarse, que no podrá por el principio in dubio pro reo, sino porque la falta de arrepentimiento de sus beneficiarios y la ausencia de renuncia a volver a cometer los delitos, debilitan la amnistía de partida.
Más que un papel de neutralizador de la discordia, amenaza con favorecerla y generar un pulso social alrededor de ella que sitúan al país al borde de un conflicto social que será difícil de resolver con serenidad. Una circunstancia que lejos de conseguir la amnesia reforzará la memorización de lo sucedido entonces y ahora.
