A través de una carta abierta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, 22 exministros y defensores de los derechos humanos de América Latina han solicitado formalmente que Rusia sea suspendida de la Asamblea General de la ONU. La petición, emitida recientemente, se basa en los ataques sistemáticos que Rusia ha llevado a cabo contra la población civil en Ucrania.
La carta fue divulgada poco antes del inicio de la reunión anual de la Asamblea General en Nueva York, destacando la necesidad de evaluar si Rusia debería ser excluida del organismo. Los firmantes comparan la situación con la exclusión de Sudáfrica en 1974, argumentando que Rusia no ha cumplido con las responsabilidades establecidas en la Carta de Naciones Unidas.
Los exministros y defensores sostienen que los ataques rusos en Ucrania representan una “violación flagrante” de la carta del organismo internacional. Según ellos, estos ataques no son incidentales, sino parte de un patrón premeditado dirigido contra la población civil, lo que constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario.
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Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, los meses de julio y agosto han sido los más mortíferos desde el inicio del conflicto, con más de 10,000 civiles muertos, el 84% de los cuales fueron víctimas de ataques con explosivos en áreas urbanas. Los firmantes recalcan que los civiles en Ucrania han sido blanco de ataques deliberados y sistemáticos, lo que consideran una violación inaceptable del Derecho Internacional Humanitario.
Entre las figuras prominentes que firmaron la carta se encuentran la exministra chilena Antonia Urrejola, el peruano Diego García-Sayán, el mexicano Jorge Castañeda y la colombiana Noemí Sanín. También se han unido diversas personalidades del ámbito de los derechos humanos tanto en América Latina como en Ucrania, quienes condenan enérgicamente las acciones de Rusia.
En la misiva, los exministros subrayan que los bombardeos rusos han afectado objetivos civiles como hospitales, bibliotecas, cafeterías y otros espacios públicos. Mencionan específicamente los recientes ataques en Hroza y Kramatorsk, que dejaron decenas de víctimas. “Es el total desprecio por las Convenciones de Ginebra”, señalaron, refiriéndose a estas acciones.
Los exministros también cuestionan la compatibilidad de la conducta de Rusia en Ucrania con su rol como miembro del Consejo de Seguridad, uno de los cinco países con poder de veto. Argumentan que esta conducta pone en riesgo la integridad del sistema de derecho internacional humanitario y amenaza con desmantelar los principios fundamentales que sostienen la paz y la seguridad internacionales.
