El Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país, con la orden de salida inmediata de su personal.
Esta decisión se produce en medio de la controversia desatada por la detención de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel por parte del "régimen" de Maduro, acusada de conspirar contra el gobierno. Además, la oficina del ACNUDH, Volker Turk, había asegurado que veía con “profunda preocupación” los hechos y reiteró que la detención de San Miguel podría calificar como desaparición forzada y pidieron su liberación.
La medida fue comunicada por el canciller venezolano Yvan Gil, quien criticó el papel de la institución internacional: "Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".
El gobierno de Maduro ha exigido que el personal de la oficina abandone Venezuela en las próximas 72 horas, a menos que rectifiquen públicamente su postura considerada como colonialista y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, organizaciones venezolanas y el Alto Comisionado de la ONU han demandado la liberación inmediata de Rocío San Miguel y el respeto a sus derechos legales, generando tensiones adicionales en el ámbito internacional.
