El Congreso de Nicaragua aprobó por unanimidad la ley propuesta por el presidente Daniel Ortega, con el respaldo de los 91 diputados de la Asamblea Nacional. Según el diputado Filiberto Rodríguez, esta norma refuerza que ninguna sanción internacional puede estar por encima de la constitución o las leyes del país.
La nueva legislación faculta al gobierno a imponer multas, sanciones y ordenar la suspensión temporal o definitiva de operaciones a entidades que ejecuten sanciones provenientes de Estados o instituciones extranjeras. La aplicación de la ley estará a cargo de instituciones de nivel nacional, regional y municipal, además de abarcar tanto a personas naturales como jurídicas, públicas y privadas.
La ley también declara nulas las sanciones internacionales que, según el texto, violen el derecho internacional. Además, prohíbe que las sanciones sean utilizadas como argumento para negar o suspender la provisión de bienes y servicios financieros y comerciales en el país.
El incumplimiento de esta normativa será considerado un acto de "traición a la patria" y podría conllevar penas de hasta 30 años de prisión. El alcance de esta ley incluye tanto a instituciones estatales como a empresas privadas que operen en el territorio nacional.
