El Poder Judicial de Irán anunció que el ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmahd, quien había sido condenado a muerte, falleció antes de que su sentencia fuera ejecutada. El portavoz del Poder Judicial, Asghar Jahangir, informó en rueda de prensa que, aunque la ejecución estaba programada, Sharmahd murió antes de su aplicación, sin detallar las circunstancias de su fallecimiento.
La noticia de la muerte de Sharmahd generó una crisis diplomática entre Irán y Alemania. En respuesta, el Gobierno alemán ordenó el cierre de los consulados iraníes en las ciudades de Frankfurt, Hamburgo y Múnich. La ministra de Exteriores alemana, Anna Lena Bareback, expresó que la medida fue una protesta ante lo que describió como el “régimen dictatorial de injusticia” en Teherán.
En relación con las acciones de Alemania, el portavoz judicial iraní defendió la autonomía del sistema judicial de su país. Jahangir declaró que Irán no concede a ningún país el derecho de interferir en sus procesos judiciales y enfatizó que corresponde a la República Islámica tratar los casos de sus ciudadanos según sus leyes.
La semana pasada, el gobierno iraní respondió a la decisión de Alemania afirmando que la suspensión de las actividades consulares iraníes en suelo alemán es una medida “injustificada” y que afecta los derechos básicos de la comunidad persa residente en Alemania.
Irán ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que acusan al país de emplear a presos con doble nacionalidad o extranjeros como herramienta de presión en sus relaciones internacionales. Esta práctica ha sido denominada como “diplomacia de los rehenes” por diversas organizaciones que velan por los derechos humanos.
