Once países de América y el Caribe emitieron un comunicado conjunto el viernes rechazando la certificación del triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. La declaración fue difundida en representación de los Gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Los gobiernos de estos países expresaron sus dudas respecto a la "supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", indicando que consideran que los resultados no cuentan con el sustento necesario para ser convalidados. En su comunicado, subrayaron la falta de garantías en el proceso electoral venezolano.
El comunicado conjunto también hizo referencia a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Los países firmantes recordaron que esta misión ha alertado previamente sobre la falta de independencia e imparcialidad tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
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En su declaración, los países enfatizaron la necesidad de una "auditoría imparcial e independiente de los votos" para evaluar todas las actas y así garantizar el respeto a la voluntad popular. Indicaron que la comunidad democrática internacional seguirá insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano, que se manifestó en las elecciones del 28 de julio.
Adicionalmente, los firmantes manifestaron su "profunda preocupación y rechazo" ante las violaciones a los derechos humanos que, según ellos, se han perpetrado contra ciudadanos que de manera pacífica reclaman respeto al voto y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esta preocupación se enfoca en la situación de aquellos que protestan en contra de los resultados electorales.
La declaración conjunta refuerza la posición de estos once países sobre la situación política en Venezuela, reiterando su compromiso con la democracia y los derechos humanos. El comunicado concluyó con un llamado a garantizar un proceso electoral transparente y legítimo en el país sudamericano.
