El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrenta una prohibición de salida del país tras la declaración de ley marcial que realizó y que fue desestimada por el Parlamento pocas horas después. La medida forma parte de una investigación en curso por parte de la policía y la fiscalía, que lo acusan de traición, amotinamiento y abuso de poder.
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) confirmó que la prohibición afecta no solo a Yoon, sino también a varios altos cargos gubernamentales y militares involucrados en la imposición de la ley marcial. Según el jefe del Cuartel Nacional de Investigación, Woo Jong-soo, “no hay restricciones humanas o físicas a quién se puede investigar”.
La decisión fue respaldada por el Parlamento, que exigió que el presidente rinda cuentas. Desde el Partido del Poder Popular, se hizo un llamado para que Yoon renuncie y abandone sus funciones “de forma temprana y ordenada”. Por su parte, la oposición acusó al partido gobernante de promover un “segundo golpe” al aferrarse al poder y obstaculizar un juicio político contra el mandatario.
En el marco de las investigaciones, el exministro de Defensa fue detenido y su despacho allanado, mientras que otros altos funcionarios han sido llamados a declarar. Además, el general que asumió el mando de la ley marcial fue convocado por la fiscalía para ser interrogado sobre su papel en los hechos.
Según la constitución surcoreana, en caso de incapacidad o renuncia del presidente, el poder sería asumido interinamente por el primer ministro hasta que se celebren nuevas elecciones. Sin embargo, delegar el poder al primer ministro ha generado cuestionamientos legales, especialmente desde la oposición, que considera esta acción una violación constitucional.
Las autoridades aseguran que la investigación contra Yoon y su equipo se llevará a cabo “conforme a la ley y los principios, sin excepciones”, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La medida de prohibición de salida refuerza el compromiso de las instituciones por garantizar la rendición de cuentas.
