Por: Ariel Ramírez
Analista político
El 17 de diciembre los chilenos acudieron a las urnas por novena vez en cuatro años. En esta oportunidad, para participar en el plebiscito ratificatorio de una segunda propuesta de Constitución elaborada con un complejo diseño de pesos y contrapesos ideado en el Congreso Nacional por los representantes de partidos y movimientos políticos.
Queriendo controlar el segundo intento para reemplazar la Constitución Política, después del fracaso del 4 de septiembre del año pasado, cuando se rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional que fue controlada por sectores de izquierda que apoyaron la llegada del presidente Gabriel Boric al gobierno e individuos y dirigentes de movimientos sociales que participaron en la primera línea del estallido social de 2019.
Con un activo involucramiento del gobierno del presidente Boric para apoyar la opción “Apruebo”, esta propuesta de normas que dibujaban un nuevo país, más equitativo, más justo y más democrático, fue ampliamente rechazada por el 62 % de los votantes.
Una de las explicaciones a este fracaso, que pretendía cambiar de una vez por todas la ilegítima Constitución Política adoptada en 1980 por la dictadura cívico-militar, es que los convencionales constitucionales elegidos por votación popular pertenecían mayoritariamente a sectores radicales de izquierda y de grupos sin vinculación política partidista, quienes controlaron este espacio y optaron por posturas maximalistas y refundacionales de la institucionalidad política, social y cultural de Chile.
Después de este primer rechazo al texto constitucional, diputados y senadores en el Congreso Nacional establecieron un intrincado mecanismo para redactar el nuevo texto: los nuevos consejeros constitucionales elegidos por votación popular en mayo de este año y encargados de redactarla, ya no iniciarían su trabajo con una “hoja en blanco”, como en la primera oportunidad, sino que lo harían sobre una propuesta de texto escrita por un grupo de 24 expertos de reputada trayectoria académica, profesional o técnica en temas constitucionales, designados por los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado.
Si bien este Comité de Expertos llegó a una propuesta consensuada de texto que se presentó a fines del mes de mayo a los consejeros constitucionales, la revisión y modificación de las normas durante cuatro meses por parte de éstos estuvo tensionada, sin llegar a consensos.
A diferencia del intento anterior, este proceso estuvo controlado por los sectores de la derecha política que se oponen al gobierno de Boric al elegir 33 de los 50 consejeros, número suficiente para superar los tres quintos necesarios para aprobar las normas sin tener que negociar con otros sectores, situación totalmente opuesta al control que tuvieron los sectores de izquierda en la elaboración de la propuesta de constitución rechazada en septiembre del año pasado.
En esta oportunidad, los ciudadanos se inclinaron por la poción “En contra” a la propuesta de Constitución, con el 56 % del total de votos. Este resultado reflejó varias contradicciones.
En primer lugar, el Partido Republicano que, desde el extremo de la derecha, se opuso a cambiar la actual Constitución adoptada por la dictadura cívico-militar, finalmente participó en la elección de consejeros constitucionales obteniendo sorpresivamente el mayor número de curules, lo que le permitió tener el control, terminando con una propuesta constitucional de corte conservador, posicionándose en extremo opuesto del borrador redactado por la Convención Constitucional.
Segundo, los sectores de izquierda, algunos de los que han luchado por una nueva Constitución desde el primer momento del quiebre constitucional de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende, llamaron a votar por la opción “En contra” de la propuesta constitucional, prefiriendo quedarse con la actual, redactada ilegítimamente en dictadura, y destacando los cambios realizados a la misma en 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos, aunque las críticas a esta misma Constitución fueron parte de los argumentos esgrimidos para llevar al presidente Boric al gobierno.
Tercero, después de cuatro años desde el estallido social, los problemas sociales que lo gatillaron no han sido resueltos en forma significativa, mientras se han destinado energías y un monto importante de recursos para redactar una nueva Constitución con dos procesos fracasados, no existiendo intenciones de perseverar en este propósito.
Parece que, al ser rechazada por segunda vez la propuesta de una nueva constitución para Chile, todos han perdido. Al día siguiente a la elección, el ánimo social en el país era gris. No hubo celebraciones de aquellos que técnicamente ganaron, el gobierno del presidente Boric y los partidos de izquierda que promovieron la opción “En contra”.
En la otra vereda, desde la derecha, quienes perdieron con la opción “A favor”, reconocieron su derrota, pero sin mucha autocrítica. Por otra parte, los ciudadanos siguen esperando abordar los problemas que consideran prioritarios: controlar el crimen, mejorar las pensiones, resolver las listas de esperas en los hospitales, abordar la migración irregular, aumentar el empleo, y reactivar la economía.
