Muchos nos consideramos amantes del buen piquete, ese que se sirve fresco, se frita en aceite limpio y se acompaña con buen chicharrón totiado. Por eso cientos, sino miles de bogotanos tenemos como referente de calidad, sabor y tradición al Piqueteadero de Doña Segunda ubicado en la Plaza de Mercado del 12 de Octubre de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.
Los invito a mirar, antes o después de leer esta columna, la historia de Doña María Segunda Fonseca y su emprendimiento que es, sin lugar a dudas, ¡de admirar!
Hace ya unos días, la DIAN sancionó uno de los locales icónicos de Doña Segunda por aparente incumplimiento de la factura electrónica. Hecho que causó indignación a nivel nacional por diferentes motivos. Para unos, y me incluyo, es indignante que sí haya Estado para sancionar a una señora honrada y trabajadora, pero no para perseguir a verdaderos delincuentes como lo son los dueños de las minas ilegales, contrabandistas o emporios evasores. Tampoco lo hay cuando de politiqueros se trata, ya verán que al hermano de Laura Sarabia que pasó de recibir 7 millones de pesos de sueldo en el Congreso a declarar un patrimonio de 10 mil millones en lo que va del gobierno, la DIAN del “cambio”, ni lo mirará.
Para otros, en su mayoría influencers progobierno y el mismo presidente de la República, salieron a defender la sanción argumentando con vehemencia que, Doña Segunda, no era más que una evasora, maltratadora laboral y otra rica viejecita de “derecha” que buscaba victimizarse.
Pero, más allá de las pasiones e indignaciones, creo que lo que le sucedió a Doña Segunda es un excelente caso de estudio para abrir el debate sobre la excesiva y costosa regulación que ejerce el Estado, la falta de incentivos para promover la formalización, la rigidez y desconexión del régimen laboral con la realidad del país y, por supuesto, la alta carga tributaria.
Debo comenzar por aclarar que todos debemos cumplir la Ley por más absurda o engorrosa. No obstante, a punta de sanciones no solucionamos el problema de fondo: la informalidad.
“Lo que le sucedió a Doña Segunda es un excelente caso de estudio para abrir el debate sobre la excesiva y costosa regulación que ejerce el Estado, la falta de incentivos para promover la formalización, la rigidez y desconexión del régimen laboral con la realidad del país y, por supuesto, la alta carga tributaria”
Partamos del hecho que negocios como el de Doña Segunda (microempresa o pequeña empresa) son la regla y no la excepción y, además, cuentan con las tasas de informalidad más altas. En el último Boletín del Dane de Ocupación Informal febrero-abril 2024, se expone que la tasa de informalidad para microempresa (aquellas que emplean hasta 10 trabajadores) es de 84,7 % y para pequeñas empresas de 23,2 %.
¡No sorprende! Es casi un consenso en la academia que esto se debe principalmente a que los costos que significa volverse formal y mantenerse en la formalidad se convierten para muchos negocios en prohibitivos porque superan, a veces con creces, los ingresos que la actividad productiva genera.
Adicionalmente, la obligatoriedad de medidas como la factura electrónica para este tipo de pequeños negocios, la figura inmodificable del salario mínimo o los recargos de las prestaciones sociales, entre otros, se convierten en obstáculos insuperables que fomentan la informalidad para este segmento del sector productivo.
Por supuesto, en un mundo ideal, donde la productividad de los pequeños negocios es alta y eficiente, el garantismo laboral vigente sería sostenible, pero, la realidad económica es distinta y si se decide aumentarlo como pretende el Gobierno se volverá definitivamente inviable ocasionando que la informalidad aumente.
¿La solución? No es fácil, pero sí es clara. La resumo: reducir barreras de entrada, disminuir costos de operación en la formalidad, flexibilización laboral y reformulación del salario mínimo pueden ser los incentivos que se requieren.
