Las amenazas contra funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) es una de las hipótesis que se manejan por el atentado con un explosivo al lado de la entidad. Sin embargo, las autoridades, prefieren no dar por hecho esa versión y no descartan un caso de extorsión.
El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez Rojas, evitó confiar en hipótesis alguna. “Somos respetuoso de lo que la Fiscalía y la Policía Nacional hayan determinado, entendiendo la competencia y el rol (…) Estamos hablando con la Fiscalía y la Policía para que las investigaciones sean más dinámicas y se puedan acelerar para poder determinar si es o no”.
El coronel reconoció que en 10 hechos violentos han sido asesinados 11 funcionarios, aunque agregó que “es materia de investigación”, si esos homicidios tenían o no que ver con su servicio. No obstante, reconoció que las amenazas son más de 400. “Hemos detectado que las estructuras criminales aprovechan para enviar mensajes intimidatorios y algunos no son tan ciertos, pero están buscando doblegar, evitar que haya control penitenciario e incautación de teléfonos, eso es lo que les está molestando a ellos”.
“Lo claro e importante que resaltar es que, si fue un mensaje o no para el Inpec, no nos vamos a arrodillar ante ningún delincuente. La institucionalidad y la vida e integridad de los funcionarios siempre va a prevalecer por encima de cualquier situación”.
Pero, aunque esa es la versión oficial, desde el sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) consideran que hay serios indicios para presumir que se trata de un ataque directo contra el edificio principal del instituto. “¿Será que no conocen el plan pistola y las múltiples amenazas contra los trabajadores?”, se preguntó Óscar Robayo, presidente del UTP, después de calificar como “muy desacertada y apresurada investigación”, ante las primeras declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán y la Policía Nacional, descartando que se tratara de un atentado por el trabajo de dragoneantes, custodios y otros.
