El antiguo secretariado de la guerrilla de las Farc se pronunció ante la opinión pública luego de conocer el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, o imputación presentada por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán en el marco del macrocaso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado.
Los exlíderes de las FARC-EP afirmaron que se centrarán en estudiar y revisar el documento con el apoyo de su equipo de defensa cuando les sea notificado oficialmente, dan a entender que reconocerán, sin embargo, falta conocer la respuesta oficial ante la imputación.
En el comunicado los cabecillas exguerrilleros reconocen la gravedad de los hechos relacionados con el reclutamiento de menores y otras conductas derivadas. “Estos hechos no debieron haber ocurrido”,dicen en el texto.
El grupo señaló que los jueces han dedicado “tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz”. En el comunicado se aclara que los antiguos miembros de las FARC-EP han renunciado a la presunción de inocencia respecto de los actos reconocidos, argumentando que esta decisión busca beneficiar a las víctimas del conflicto.
Los firmantes también expresaron que el proceso de paz requiere una “resolución única de conclusiones” que incluya todos los hechos dispersos, una disposición que, afirman, está contemplada en el Acuerdo Final de Paz y su Ley Estatutaria. Sin embargo, ese punto es polémico porque hay múltiples hechos que las víctimas reclamen se sancionen y al unificarlos habrá sensación de impunidad, pese a que así reconozcan la sanción será distinta a la tradicional de cárcel. No obstante, la JEP destaca reiteradamente que el aporte de verdad es de gran significado en el proceso de justicia y que también constituye reparación.
El antiguo secretariado reiteró su disposición a responder a los requerimientos de la JEP y afirmó que se mantendrán atentos a cualquier avance procesal, punto que ha estado en entredicho, porque en casos como violencia sexual el grupo armado ha sido más cauteloso en cuanto a la admisión de esos hechos que para la JEPy otras instancias está probado.
