La Defensoría del Pueblo presentó un balance completo de las afectaciones que ha dejado la ola de violencia a causa de la guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Los datos se desprenden de la información entregada por el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander.
La entidad de derechos humanos explicó que hay varias estadísticas en cuanto a los asesinados. La gobernación tiene información de que hay al menos 80 muertos, la Defensoría tiene registro de 60, pero a Medicina Legal han llegado 41 cuerpos, de los cuales 34 ya han sido entregados a su familia. Es decir, hay cadáveres que están en la zona.
De todas las víctimas fatales, 6 fueron reincorporados a la vida civil, firmantes del Acuerdo de Paz, de ellos también se reportaron 7 desaparecidos, de los cuales solo 2 fueron liberados. Otros 102 están desplazados.
Los datos, con corte a las 10:30 de la noche del miércoles 22 de enero, también confirman 36.139 personas desplazadas. 631 de ellas son indígenas de las comunidades Yukpa en San Pablo, Tibú y Cúcuta.
Solo el miércoles se entregaron 1,5 toneladas de alimentos en el resguardo Catalaura, donde “reciben a familias desplazadas, con necesidad urgente de asistencia humanitaria”. En general, a Ocaña han llegado 25 toneladas de ayuda ya Tibú 1 tonelada.
“Algunas personas han sido rescatadas y otras han salido en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. Muchas personas, entre ellas firmantes de paz y líderes e inclusivos niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas”.
La entidad informó que “435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios y desde Tibú, 200 personas de protección especial han sido evacuadas con apoyo del Ejército Nacional”.
En cuanto a secuestros está verificado el de Álvaro Carrascal, líder social en el municipio de Teorama.
Todo este panorama revisa la gravedad para los niños y adolescentes. Entre los desplazados hay en Cúcuta entre 1.500 y 1.800, otros 1.000 en Ocaña y 600 en Tibú.
En medio de la situación se reporta falta de alimentos, insumos de higiene y colchones y riesgos de seguridad en los albergues.
Sobre quienes se han ido desplazados hacia Venezuela, el número es indeterminado.
Mientras sigue el registro y las cifras siguen aumentando, la Defensoría exhortó a proteger a la población y sus líderes.
“Es necesario garantizar la seguridad, caracterización de las víctimas, atención en albergues, y protección a líderes y lideresas, así como a alcaldes, alcaldesas, personeros y personeras del Catatumbo ”.
Exigen “la acción inmediata para estabilizar la crisis y avanzar en soluciones duraderas que beneficien a las comunidades afectadas”.
