El Gobierno se enfrenta a un escenario atípico en el manejo de las finanzas de nuestro país. El Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación y el ambiente entre los legisladores no es el mejor. Es tanta la tensión, que Colombia ingresaría por primera vez al limbo de no tener presupuesto, una situación que ha ocurrido en múltiples ocasiones en Estados Unidos y varios países de Europa.
La negativa fulminante de las comisiones económicas de Senado y Cámara para aprobar el monto total del Presupuesto, genera un terrible manto de duda, se propaga a una incertidumbre legal. Diferentes expertos divergen en posiciones sobre la mejor interpretación de la coyuntura. En todo caso estamos ante un posible punto de no retorno que no tiene antecedentes. La Secretaría del Senado, al negar el monto, forzó a que ahora la única alternativa que le queda al Gobierno Nacional es expedir el Presupuesto vía decreto. Petro y el ministro Bonilla han explicado que tienen la seguridad de que lo pueden hacer sin entrar en líos jurídicos.
Todo el enredo surgió de un aumento inusitado del monto total, con respecto al del año 2024. Ese monto venía por supuesto desfinanciado, por lo cual el ministerio de Hacienda presentó de manera adyacente un proyecto que llamó “ley de financiamiento”, un disfraz de reforma tributaria. El descuadre de aproximadamente 12 billones de pesos fue una de las razones por las cuales algunos congresistas se negaron a votar el Presupuesto. Muchos adujeron que el Gobierno los estaba obligando a aprobar una mini reforma tributaria sin realmente una necesidad fiscal para hacerlo. Es cierto que en todos los gobiernos recientes han impulsado más de una reforma tributaria. En promedio cada dos años nuestro país incurre en este tipo de cambios legislativos.
La realidad es que al final la Corte Constitucional deberá revisar el decreto que firme el gobierno si es que no se llega a un consenso legislativo. Como se ha observado en el reciente pasado, la Corte ha tumbado iniciativas gubernamentales estratégicas como los decretos de emergencia de La Guajira.
El ministro de Hacienda ha dicho que, a pesar de las dificultades que se han venido presentando en esta ocasión, aún hay tiempo para negociar con los legisladores para la “ley de financiamiento”. El objetivo de Bonilla es poder llegar a acuerdos en el poco tiempo que queda, teniendo en cuenta que en simultánea se discuten proyectos importantes como la reforma a la salud y la laboral.
El ministro aseguró que hay un debate innecesario, centrado en que la oposición dice que es una tributaria y la falta de $12 billones, lo cual ha retrasado la aprobación. Sin embargo, ahora que se analiza el gasto, algunos congresistas estarían mucho más interesados en el proceso de asignación de cupos y recursos. Según Bonilla ahora viene el proceso de cómo se va a gastar el Presupuesto, el órgano legislativo cambia de enfoque y el cree que es posible llegar a un acuerdo sobre los 12 billones.
Es posible que la única forma de negociación sea que el Gobierno retire la “ley de financiamiento” y reduzca el monto total. De no hacerlo va a ser muy difícil que un Presupuesto firmado de un plumazo por el presidente Petro en un decreto sobreviva por su necesario paso en la Corte Constitucional. El tema es que la ley de financiamiento no la puede sacar por decreto, necesitaría otra figura para conseguir la financiación de los 12 billones de pesos, lo cual aumenta el nivel de incertidumbre mucho más.
Una de las críticas que ha recibido el gobierno de Petro es la baja ejecución de algunos de sus ministerios en 2023 y 2024. El caso más dramático es el del Ministerio de Igualdad y Equidad que no supera el 2 % y cuenta para el período actual con un presupuesto que fue aumentado en casi $1.3 billones.
Con la cifra este nuevo ministerio quedó con más recursos para este año que otros ministerios como los de Comercio, Industria y Turismo, Cancillería, Transporte, Ciencia, Tecnología e Innovación; Justicia y MinTIC. Dentro del mismo equipo de gobierno han señalado lo inaudito de esta situación. La vicepresidente Francia Márquez no ha logrado superar los obstáculos normales de Secop II y otras plataformas que dilatan los procesos de contratación para personas que no conocen el proceso. El Presupuesto General terminará siendo a las malas como dice ella.
