El presidente Gustavo Petro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel (centro) y el jefe del ELN, Antonio García durante el cierre de la tercera ronda de conversaciones de paz en La Habana (Cuba).
Con bastante regocijo se presentó el documento suscrito como Acuerdo No. 10, mediante el cual se oficializó el “cese al fuego de carácter bilateral, nacional y temporal” y suscrito por el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. Es la primera vez que se llega a este nivel con el grupo alzado en armas, resistente como suele ser, a los pactos que signifiquen acallar sus fusiles.
En el anuncio de esta decisión, hecha desde La Habana, Cuba, participó el presidente de la República, Gustavo Petro, lo que le daba un mayor significado a lo acordado, generando una sensación de optimismo alrededor de un proceso que ha sido complejo en los últimos años, sobre todo por los comportamientos erráticos de algunas estructuras del ELN, que han preferido la guerra a una salida negociada con el Estado colombiano.
Son varias las luces que extiende el acuerdo del cese al fuego: mejorar la situación humanitaria de las comunidades en varias regiones del país; disminuir la intensidad del conflicto armado; fortalecer las acciones de monitoreo y verificación; e incluir a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en este proceso.
Al momento de escribir este artículo, tanto las comisiones del Gobierno Nacional como las del ELN trabajaban en la construcción de los protocolos que regirán esta decisión, y que deberán estar listos para el 3 de agosto, fecha programada para el inicio del cese al fuego bilateral, que tendrá una duración inicial de 180 días.
Foto: ELN.
Pero todo fenómeno lumínico genera sombras y, en esta ocasión, esas formas oscuras generan intranquilidad. La primera de ellas surgió el mismo día de la presentación del acuerdo del cese al fuego.
Alias ‘Pablo Beltrán’, jefe del equipo negociador del ELN declaró ante la prensa, y bajo eufemismos, que ese grupo guerrillero no detendría ni el secuestro ni la extorsión por cuanto aún no había acuerdos al respecto en la mesa.
Ese pronunciamiento, que inquieta a amplios sectores de la sociedad y que refleja el cinismo con el cual los comandantes del ELN han afrontado históricamente los diálogos con distintos gobiernos, choca con dos puntos acordados en la mesa de La Habana: la suspensión de “operaciones ofensivas entre sí” y la renuncia a adelantar “acciones de inteligencia entre las partes”. Si como lo dijo alias ‘Pablo Beltrán’, continuarían con las “retenciones” si son necesarias y dejó abierta la continuidad de la extorsión, ¿cómo se investigarían en caso de que ocurran durante la vigencia del cese al fuego?
Asimismo, podría preguntarse por las prácticas extorsivas que nutren las arcas de esta organización guerrillera: ¿se podría deducir que los organismos de seguridad del Estado renunciaron a su misión institucional de proteger a la ciudadanía en caso de que persistan esos cobros bajo coerción armada?
Foto: Presidencia.
¿Y qué va a pasar con las actividades asociadas al tráfico de drogas ilegales del ELN, sobre las cuales me referí en un artículo anterior, y de las que poco les gusta hablar a los comandantes de este grupo alzado en armas? ¿Continuarán con sus actividades ilícitas sin mayor control de las autoridades?
Dado que tanto el secuestro, la extorsión y el narcotráfico hacen parte de las estrategias criminales de financiación del grupo guerrillero, es necesario que sean abordadas prontamente en la mesa de negociaciones, dado el profundo nivel de afectación que causan entre las comunidades, pero esa urgencia no puede convertirse en un nuevo sacrificio del Gobierno Nacional en su afán de resolver el alzamiento en armas del ELN.
En su visita a Alemania en días pasados, el presidente Petro se refirió a la posibilidad de pactar con ese grupo insurgente la creación de un fondo con aportes de la comunidad internacional para financiar a sus integrantes mientras avanza el proceso de negociación, en reemplazo de sus fuentes ilegales.
Esa idea generó fuertes críticas en sectores adversos a la gestión del primer mandatario, pero lo curioso es que esa propuesta fue planteada en octubre de 2006, con algunos matices, por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En aquella ocasión, declaró en una entrevista radial que “de pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia: el Gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro”.
“Dado que el narcotráfico hace parte de las estrategias criminales de financiación del ELN, es necesario que sean abordadas prontamente en la mesa de negociaciones”.
Por lo pronto, sólo son ideas que tendrán que pasar por la mesa de negociaciones cuando vuelvan a encontrarse a partir del próximo 14 de agosto en Venezuela, para iniciar el cuarto ciclo de conversaciones en un entorno que, si todo sale bien, estará bajo la vigencia del cese al fuego bilateral y con una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil.
Si bien hay luces por lo logrado en los tres ciclos de conversaciones concluidos, lo cierto es que también hay sombras que deben comenzar a despejarse con la adopción de los acuerdos parciales logrados hasta ahora, el control territorial por parte de la Fuerza Pública de aquellas zonas donde la confrontación armada persiste y la estabilidad emocional de unos comandantes guerrilleros anquilosados en el pasado que, como lo demuestran algunos hechos del pasado, son inestables y cambian de humor con la facilidad con la que accionan sus armas contra la población civil, la infraestructura y el medio ambiente.
