En el sexto de ocho debates fue aprobado el proyecto de Acto Legislativo que reforma el Sistema General de Participación, el mecanismo de transferencia de ingresos corrientes desde la Nación a las regiones. Después de discusiones en sectores políticos y el lobby de gobernadores que buscan tener más recursos y competencias, se llegó a un acuerdo, pasar de 21 % a 39.5 % esa asignación, pero de manera gradual. Se descartó el 46 % planteado inicialmente.
El acto comienza a regir desde el año 2027 y los incrementos de los giros serán paulatinos hasta 12 años, es decir, al año 2039.
Entre 2025 y 2026 se debe aprobar la Ley de Competencias donde se definirá el alcance del proyecto y su injerencia en cada área.
A esta iniciativa para convertirse en Acto Legislativo le faltan dos debates en Comisión Primera y plenaria de Cámara de Representantes. Hay dudas de si en esa corporación se mantendrá la vigencia del proyecto. Algunos congresistas advierten que se intente cambiar al año 2026 el inicio de entrada en vigor, riesgo que el senador Carlos Meissel, del Centro Democrático, dijo que en todos los proyectos siempre se corre.
Precisamente en el CD solo la senadora Paloma Valencia dijo que no respaldó el proyecto porque es inviable fiscalmente. Mientras que Angélica Lozano hizo reparos porque se aprobó en bloque.
El senador Humberto De la Calle centró su advertencia en que se deben reforzar los controles al manejo de los recursos, adicionales a los existentes, porque en las regiones hay “mafias” que son jefes de políticos locales, lo que dejaría aún más recursos en riesgo de los que actualmente están por la cooptación de organizaciones ilegales a las administraciones locales.
