Un grupo de representantes liberales en Colombia ha sido objeto de controversia debido a su presunta vinculación a cargos gubernamentales y entidades estatales, lo que ha llevado a críticas sobre el llamado "menudeo político". Se afirma que estos representantes estarían asegurando recursos regionales a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y que, en una reunión en la Casa de Nariño, acordaron brindar apoyo a las reformas gubernamentales a cambio de representación en Findeter.
Se menciona específicamente al director de Findeter, Juan Carlos Muñiz, quien habría sido nombrado por gestión de la representante liberal Jezmi Barraza. Según congresistas liberales, un grupo de 10 representantes, incluyendo a Barraza, estarían logrando recursos para sus regiones a través de esta entidad.
Además, se destaca la presencia de representantes liberales en cargos de entidades como el Ministerio del Interior, la Contraloría y la Defensoría. Se menciona que algunos de estos representantes tienen cercanía con el presidente Gustavo Petro y habrían respaldado las reformas gubernamentales. Esta situación ha generado debate dentro del Partido Liberal, con acusaciones de falta de transparencia y divisiones internas.
El artículo también señala contratos y convenios con el Estado en entidades como la Contraloría y la Defensoría, vinculando a personas cercanas a representantes liberales. La situación destaca la complejidad de las relaciones políticas y la distribución de recursos en el contexto de la coalición gubernamental.
Por último, se menciona que, pese a la controversia, el Partido Liberal se mantiene fragmentado, y algunos miembros reconocen a ministros del Gobierno como parte de su representación. La situación plantea desafíos para el partido, que enfrenta decisiones importantes en su Convención Nacional en mayo de 2024, incluida la posible reelección o cambio de liderazgo de César Gaviria como director del partido.
