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En la tarde de hoy, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), abandonó las instalaciones de la cárcel La Picota en Bogotá. Su salida se produjo alrededor de las dos de la tarde, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. El ex líder paramilitar, quien fue condenado por múltiples delitos como violación de derechos humanos, narcotráfico, homicidio, genocidios, desplazamiento forzado entre otros dejó el centro penitenciario donde permaneció recluido varios meses. En un convoy de varias camionetas que lo acompañaban inició su camino hacia el aeropuerto El Dorado, marcando así el inicio de una nueva etapa como gestor de paz.
La liberación de Mancuso se produce tras una decisión judicial que ha generado un significativo impacto en el panorama político y social colombiano. Un magistrado de Justicia y Paz determinó sustituir todas las medidas de aseguramiento que mantenían a Mancuso en prisión por medidas no privativas de la libertad y suspenderle además tres sentencias que cursaban en su contra. Esta resolución fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), entidad que procedió a expedir la correspondiente boleta de salida.
El retorno de Mancuso a Colombia se produjo el 17 de febrero del presente año, tras cumplir una condena de más de 17 años en Estados Unidos por cargos de lavado de activos y narcotráfico. Desde su llegada al país, permaneció recluido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota en Bogotá. Durante su estancia en este centro penitenciario, se informó que Mancuso se encontraba en condiciones de aislamiento debido a las amenazas contra su vida. Su regreso a Colombia se enmarca en el contexto de su designación como gestor de paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, un rol que le asigna la tarea de servir como intermediario entre el Estado y los grupos paramilitares en los procesos de paz.
Tras su liberación, Mancuso se establecerá en la ciudad de Medellín, donde llevará a cabo sus funciones como gestor de paz. Dada su historia como líder de uno de los grupos armados ilegales más violentos en la historia reciente de Colombia, se le ha asignado un esquema de seguridad reforzado. Sin embargo, el magistrado que ordenó su libertad ha impuesto restricciones de movilidad como parte de las medidas no privativas de la libertad. Específicamente, se le ha prohibido desplazarse a las zonas donde ejerció su influencia criminal en el pasado, incluyendo los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, Meta, Magdalena, Antioquia y Valle.