La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su creciente inquietud ante el notable aumento del 20,5% en casos de extorsión en los últimos cuatro años, según datos proporcionados por el portal de estadística delictiva Siedco de la Policía Nacional. En 2020, se reportaron 8188 casos, cifra que ascendió a 9871 en el año recién concluido.
La entidad destacó la necesidad de una respuesta coordinada por parte del Gobierno Nacional para abordar este fenómeno delictivo. La Defensoría hizo hincapié en la importancia de modernizar el sistema penitenciario mediante la implementación de tecnología 4G o 5G, mejorando así la eficacia de los inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles colombianas.
Según la estadística, los departamentos más afectados por denuncias de extorsión fueron Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, subrayó que, aunque las denuncias apuntan a grupos ilegales organizados como los responsables, los internos dentro de las cárceles también desempeñan un papel crucial en la perpetración de este delito a través de llamadas telefónicas.
En este contexto, algunos directores de establecimientos penitenciarios y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido amenazados, lo que subraya la urgencia de abordar la situación. La "Operación Dominó" liderada por el Inpec fue reconocida, pero se destacó la necesidad de un mayor respaldo presupuestario para modernizar el sistema penitenciario y garantizar la eficacia de los inhibidores de señal.
La Defensoría del Pueblo llamó a una acción conjunta entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, instando a la implementación de planes efectivos para contrarrestar la extorsión. También se hizo un llamado al Inpec para consolidar acuerdos con las empresas de telefonía celular, buscando mecanismos de prevención, como la identificación de llamadas realizadas desde las cárceles colombianas.
