El pasado lunes 24 de junio, se dio a conocer un comunicado en el que un grupo armado ilegal que opera en la zona exige a los firmantes de paz abandonar el territorio del ETCR Miravalle. Este espacio, establecido como parte del proceso de paz, se ha convertido en un centro de diversos proyectos comunitarios, ambientales, deportivos y agropecuarios liderados por hombres y mujeres excombatientes. La amenaza pone en peligro estos avances y genera incertidumbre sobre el futuro de la reincorporación en la zona.
Frente a esta situación, Camilo González, coordinador de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC, ha expresado su rechazo categórico a las amenazas. González calificó el comunicado como "inadmisible", destacando la gravedad de las amenazas contra exguerrilleros y sus familias. “Es algo inadmisible sobre lo cual hay pronunciamientos de todos los sectores junto con la exigencia de que se respete a la población”, preciso el delegado del gobierno.
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En respuesta a la crisis, el mecanismo de verificación del cese al fuego ha tomado medidas inmediatas. Se ha enviado una comisión internacional especial, en colaboración con las Naciones Unidas, para estar presente en el ETCR Miravalle. El objetivo de esta comisión es contener las acciones de presión ejercidas por los grupos armados en disputa territorial que buscan afectar a la población.
“El mecanismo de verificacion de respeto al cese al fuego ha enviado una comisión internacional especial con Naciones Unidas para que esté presente en el ETCR Miravalles y para que contenga esas acciones de presión que son presiones por una disputa territorial por grupos armados enfrentados que quieren afectar a la población”, recalcó Posso.
