La Contraloría General de la República dirigió una comunicación a gobernadores y alcaldes de las 97 entidades territoriales certificadas (ETC) en educación (secretarías de Educación), instándolos a realizar los trámites jurídicos, presupuestales y contractuales necesarios para asegurar que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) inicie de manera oportuna en 2025. La alerta fue emitida por la Contraloría Delegada para el Sector Educación y la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.
La advertencia del ente de control se debe a que “durante 2024, en promedio 3,9 millones de niños y adolescentes se vieron afectados por la no prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional”.
Esta advertencia se basa en los resultados de las auditorías realizadas durante 2024, las cuales evidenciaron 42 hallazgos fiscales en el PAE de 67 entidades territoriales, que abarcaron 32 departamentos y 35 municipios. En total, los hallazgos sumaron cerca de $ñ8.000 millones de pesos, lo que resalta la gravedad de las irregularidades encontradas. En los últimos cuatro años (2020-2024), los hallazgos fiscales relacionados con el PAE ascienden a aproximadamente 52.000 millones.
Los hallazgos de 2024 se enfocaron en irregularidades como presuntos sobrecostos en la prestación del servicio, que representaron el 44 % de los problemas detectados, y deficiencias en la supervisión del programa, que fueron responsables del 36 % de los hallazgos. Las regiones más afectadas por estos problemas fueron el Pacífico, con 3.5 mil millones, los Llanos, con 1.3 mil millones, y el Eje Cafetero, con $1.4 mil millones.
En términos de afectación a los beneficiarios del programa, alrededor de 3,9 millones de niños y adolescentes fueron impactados negativamente en 2024. Los problemas incluyeron el inicio inoportuno del PAE, la falta de suministros adecuados, la suspensión temporal de la atención y la demora en el servicio debido a irregularidades en las licitaciones. Estas situaciones fueron detectadas en 48 entidades territoriales certificadas.
La Contraloría General ha hecho un llamado urgente a los mandatarios locales para que aseguren la disponibilidad de recursos financieros y adelanten los procesos contractuales necesarios para garantizar que el PAE se ejecute correctamente. Esto incluye la contratación de alimentos de calidad, el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta distribución de los recursos.
La Contraloría ha señalado que continuará realizando una supervisión rigurosa. El seguimiento será esencial para garantizar que cerca de 5,9 millones de estudiantes reciban el apoyo alimentario sin interrupciones en 2025.
