Ya se conocía que el siguiente en la lista para ocupar la curul que dejó David Luna, al renunciar al senado y al partido Cambio Radical para postularse a la presidencia de la República por un movimiento independiente, era Temístocles Ortega Narváez, pero cada proceso debe surtir los trámites correspondientes.
Por ello, este jueves 30 de enero se conocieron las comunicaciones con claridades oficiales. Lo hicieron CR y también el Consejo Nacional Electoral. El CNE envió una carta al secretario general del Senado, Diego Alejandro González, donde certifica que es Ortega Narváez, quien ocupará la curul, porque el siguiente en la lista de dicha colectividad, de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos en las pasadas elecciones fue Carlos Julio González Villa, pero él ya ocupa un escaño desde el 10 de febrero de 2023, después que se oficializó la renuncia de Arturo Char.
Se trata de un paso establecido claramente en la norma, pero políticamente genera incomodidades, porque el nuevo senador, excongresista y también exgobernador del departamento del Cauca, es un aliado de Gustavo Petro y Cambio Radical es un partido de oposición.
Ortega fue embajador del actual gobierno en Chile por más de un año, lo cual muchos consideraron un regalo por haber apoyado públicamente al hoy mandatario, aún con los cuestionamientos a su campaña y la directriz de su organización política.
Las claridades sobre la curul se dieron poco después que la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Lo señalan de ser presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Presuntamente, cuando era gobernador suscribió “con irregularidades, el contrato 1040 de agosto de 2014, por valor de 2.509 millones de pesos, cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay, departamento del Cauca”.
La acusación de la Fiscalía se sustenta en que “hubo estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de las alcantarillas. Otras de las anomalías detectadas están relacionadas con la ausencia de licencias ambientales y autorizaciones por parte de la Aeronáutica Civil”.
El ente acusador dice que Ortega permitió “que se configurara un detrimento patrimonial de 2.061 millones de pesos, dinero que fue entregado a la fundación contratista en pagos realizados en septiembre, noviembre y diciembre de 2015, sin que se acreditara el cumplimiento del objeto del contrato”.
