El 15 de julio, un tribunal arbitral del CIADI emitió un fallo crucial en el litigio entre Colombia y la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. El caso se centraba en la reclamación de la compañía minera por supuestas irregularidades en la implementación de la prohibición de actividades mineras en el páramo de Santurbán. El tribunal rechazó la demanda de Eco Oro, que buscaba una indemnización de 690 millones de dólares, más intereses, lo que elevaba el monto total a aproximadamente 1,100 millones de dólares.
La disputa se originó cuando Eco Oro alegó que ciertas medidas legislativas, administrativas y judiciales del Estado colombiano le impidieron desarrollar un proyecto de minería de oro a gran escala en su concesión. La empresa argumentaba que estas acciones constituían una expropiación indirecta de su inversión, según lo establecido en el Artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia. Esta reclamación se basaba en la interpretación de Eco Oro de que las medidas tomadas por Colombia para proteger el páramo de Santurbán habían afectado negativamente sus intereses económicos.
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El tribunal arbitral, en su decisión, determinó que Eco Oro no logró aportar pruebas suficientes para respaldar su reclamo de indemnización. Este veredicto se produjo a pesar de que el tribunal otorgó a la empresa una segunda oportunidad para presentar evidencias del supuesto perjuicio sufrido. Ante la falta de pruebas convincentes, el tribunal decidió no otorgar ninguna compensación económica a Eco Oro, rechazando así la totalidad de la reclamación de la empresa canadiense.
El resultado de este arbitraje representa una victoria significativa para Colombia en el ámbito de las disputas internacionales de inversión. La defensa del país estuvo a cargo de un equipo compuesto por abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y de la firma internacional Latham & Watkins. Este fallo no solo evita que Colombia tenga que pagar una cuantiosa indemnización, sino que también establece un precedente importante en casos similares relacionados con la protección ambiental y los derechos de los inversionistas extranjeros bajo tratados de libre comercio.
