1.600 millones de pesos es la pérdida diaria que tiene hoy la EPS de Sura. Un promedio de 525 mil millones de pesos por año. Esta situación hace parte de la radiografía que un grupo de expertos le presentó la semana pasada a la junta directiva de la compañía y el diagnóstico fue sin preámbulos: Así, no era viable la operación de servicios.
“La decisión no fue para nada apresurada ni de la noche a la mañana. Se estudiaron cada uno de los diferentes escenarios para buscar salidas que permitieran seguir con una prestación del servicio a largo plazo. Pero el informe de los expertos mostraba una realidad inocultable”, señaló una de las fuentes de la compañía consultadas por Alternativa.
A ello se sumó las evasivas del Gobierno para desembolsar los dineros que se han venido represando, aún más desde el momento en que el Congreso tumbó el proyecto de Reforma de la Salud. Las reuniones que sostuvieron un grupo de EPS con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo con el fin de buscar una salida a la situación y de cara a que el Gobierno va a presentar un nuevo proyecto de salud, solo se quedaron en reuniones de buenas intenciones.
En esos encuentros se habló claramente de la dramática situación financiera de las EPS y de la urgencia del desembolso de los recursos económicos. Siempre se recibió como respuesta que se iba a atender de inmediato las solicitudes y llevar a cabo los correspondientes procesos. Pero eso nunca pasó. La plata jamás llegó.
Mientras tanto, los expertos que estudiaban la situación de la EPS de Sura buscaban salidas a la situación, siempre con el objetivo de beneficiar a los 5.500.000 usuarios que tiene la compañía en las principales ciudades del país.
El viernes pasado se convocó a una asamblea extraordinaria. Durante varias horas se escucharon los pro y contra de continuar o no en el mercado. De acuerdo con las consultas que hizo Alternativa, la decisión final no fue fácil. Pero había una razón de peso y que estaba sustentada en las cifras. El Gobierno tiene una deuda acumula con la EPS de Sura que suma más de un billón de pesos. A los más de 100 proveedores de servicios les adeudan más de 600 mil millones de pesos. Tienen compromisos laborales con 13 mil empleados y son más de 30 años de servicio a la comunidad.
Frente a esta delicada situación, la asamblea finalmente aprobó por unanimidad iniciar un proceso de desmonte gradual de los servicios. Que se haga de la manera más ordena y diligente posible. No dar marcha atrás, bajo el argumento de la inseguridad jurídica por la que atraviesa el país, donde no hay las mínimas garantías para operar la prestación del servicio de salud.
Este desmonte no será de mediato. Se requiere de tiempo, de logística y de organización. Los expertos que han trabajado para la EPS de Sura calculan que el proceso empezara entre un año a año y medio. Tiempo suficiente para que el Gobierno encuentre una solución de fondo para definir cómo va a prestar el servicio a los 5.5 millones de afiliados.
Otro de los argumentos que pesó en la decisión de la asamblea extraordinaria y que conoció Alternativa, tiene que ver con la forma como el Gobierno ha manejado de manera desastrosa el nuevo modelo de salud para los maestros del país y sus familias.
La EPS de Sura goza de aprecio por parte de sus usuarios. Esta calificada por encima de 90 puntos sobre 100 en las diferentes áreas de la salud que atiene especialmente en las ciudades capital del país.
En la decisión que se ha tomado no se dejó de un lado a los proveedores y las deudas que hoy se tienen adquiridas. Los expertos presentaron un plan de contingencia para atender todos esos requerimientos económicos que hoy valen miles de millones de pesos.
Por lo pronto, los servicios de salud de medicina Prepagada y seguros de vida, no se verán afectados por la decisión tomada por la empresa Suramericana.
