La controversia sobre los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia ha llegado a las altas esferas judiciales de Colombia. El Consejo de Estado ha decidido aceptar el estudio de una demanda que solicita la nulidad de la Resolución No. 065 del 28 de febrero de 2024, mediante la cual se autorizó la instalación de una mesa de diálogos con este grupo armado.
La Fundación para el Estado del Derecho, organización que presentó la demanda, argumenta que existen irregularidades en el proceso que llevó a la emisión de dicha resolución, así como en su contenido y fundamentos legales.
Entre los argumentos principales esgrimidos por los demandantes se encuentra la alegación de que el grupo armado ha incumplido acuerdos previos y ha incurrido en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Además, la demanda señala que la resolución fue emitida sin la competencia adecuada y carece de una justificación válida, lo que podría comprometer su legalidad desde una perspectiva administrativa.
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Otro aspecto que la demanda pone en tela de juicio es la base normativa de la resolución. Según los demandantes, la norma en la que se sustenta el acto administrativo no fue publicada oficialmente ni difundida de manera adecuada, lo que afectaría su validez y aplicabilidad.
La aceptación de esta demanda por parte del Consejo de Estado marca el inicio de un proceso judicial que podría tener importantes repercusiones en la política de paz del gobierno colombiano. El alto tribunal ha indicado que notificará esta decisión al presidente Gustavo Petro y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que subraya la relevancia institucional del caso.
