El Consejo de Estado emitió un fallo de 31 páginas firmado por tres magistrados, estableciendo que el CNE tiene la competencia para investigar tanto al presidente de la República como a su campaña en asuntos relacionados con la financiación electoral. Esta decisión se fundamenta en que se trata de una investigación de carácter administrativo.
El conflicto surgió el 16 de mayo cuando representantes de la Comisión de Investigación y Acusación solicitaron al CNE la entrega de todas las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los congresistas argumentaron que la competencia exclusiva para investigar al mandatario correspondía al Congreso de la República.
La negativa del CNE a cumplir esta petición llevó a elevar una consulta al Consejo de Estado. En su resolución, el Consejo determinó que el fuero especial del presidente de la República se aplica a investigaciones penales y disciplinarias, pero no se extiende a investigaciones administrativas por presunta violación al régimen de financiación de campañas electorales.
El documento del Consejo de Estado especifica que el CNE solo podría emitir sanciones de carácter administrativo. En caso de requerirse un proceso de pérdida de investidura del presidente, esta competencia recaería exclusivamente en la Comisión de Acusaciones, que adelanta investigaciones de carácter penal y disciplinario.
La decisión del Consejo de Estado tiene carácter vinculante y obligatorio al resolver un conflicto de competencias administrativas. Este fallo permite que la sala plena del CNE proceda con la ponencia presentada por los Magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, quienes solicitan abrir una investigación formal contra el presidente Petro, el exgerente de la campaña Ricardo Roa, y otros responsables de la campaña y la coalición Pacto Histórico.
