El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, decidió rechazar todas las demandas interpuestas en contra de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El fallo se refiere a una investigación administrativa en la que se le imputan cargos al presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato, por una aparente infracción en los topes de gastos electorales. La cifra señalada en la investigación alcanza los 5.355 millones de pesos.
La decisión incluye el rechazo de la primera demanda interpuesta en contra de dicha resolución. En esta demanda, el abogado Sebastián Méndez Tolosa solicitó que se anulara la imputación de cargos, argumentando que el CNE no contaba con la competencia para tomar dicha medida. La corte dictó consideraciones que, de manera práctica, otorgan respaldo a la labor investigativa del CNE respecto a los fondos de la campaña Petro Presidente.
La demanda de Méndez Tolosa, basada en el argumento de la falta de competencia, señala que el CNE, liderado por César Lorduy, habría incurrido en un acto sin fundamento debido a la caducidad del periodo investigativo. Según el abogado, esta caducidad impediría cualquier imputación contra el presidente, lo cual forma parte central de su alegato.
Además, el demandante argumentó que el CNE podría haber incurrido en el delito de prevaricato por acción. En este sentido, aseguró que los magistrados del CNE violaron de forma evidente la Constitución y la ley, al presuntamente ignorar el debido proceso y la confianza legítima que debe regir toda actuación administrativa. Esta acusación busca cuestionar la legalidad de las acciones tomadas por el CNE en el marco de esta investigación.
En respuesta a estos argumentos, el Consejo de Estado precisó que únicamente el acto administrativo que termine la investigación sancionatoria del CNE podría ser objeto de demanda. Según el auto emitido, es este acto definitivo el que estaría sujeto a estudio ante la jurisdicción en caso de que existan cargos de ilegalidad y vulneración de normas superiores.
En la decisión se enfatiza que en situaciones previas ha adelantado estudios en circunstancias similares, subrayando que los cargos de ilegalidad deben ser presentados al finalizar la actuación administrativa.
