El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, desestimó las solicitudes de nulidad sobre el acto de elección de Carlos Andrés Amaya Rodríguez como gobernador del Departamento de Boyacá para el periodo 2024-2027. La impugnación se centró en la posible configuración de la prohibición de doble militancia, especialmente en relación con su vínculo simultáneo con los partidos Alianza Verde y Dignidad & Compromiso.
Los demandantes argumentaron que Amaya Rodríguez había sido miembro de ambos partidos políticos y que, al postularse como candidato a la Gobernación por la coalición “Boyacá Grande”, que integraba a Alianza Verde y otras agrupaciones, había violado la normativa sobre doble militancia. Además, señalaron su apoyo a Óscar Julián Correa Hernández, candidato al Concejo de Cómbita por el Partido de la U, a pesar de que Alianza Verde había inscrito a varios candidatos para esa misma corporación.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que no existía doble militancia en el caso de Amaya Rodríguez. La Sala Electoral concluyó que, antes de inscribirse como candidato a la Gobernación por la coalición, Amaya renunció formalmente al partido Dignidad & Compromiso, lo que desvirtuó la acusación de que mantenía una pertenencia simultánea a ambos partidos.
Respecto a las acusaciones de que el candidato había brindado apoyo a los aspirantes a la Asamblea de Boyacá de la coalición formada por los partidos En Marcha, MIRA y la U, el Consejo de Estado aclaró que no se encontraron pruebas suficientes que respaldaran la existencia de una violación a la prohibición de doble militancia en estos casos.
En su fallo, la Sala de lo Electoral también precisó que los elementos presentados por los demandantes no fueron suficientes para demostrar que Amaya Rodríguez habría incurrido en los actos de apoyo a otros candidatos que los partidos coaligados habían registrado oficialmente.
El Consejo de Estado ratificó la validez de la elección de Amaya Rodríguez, quien continuará como gobernador electo para el periodo 2024-2027, sin que se haya configurado ninguna irregularidad que afecte su candidatura o su elección.
