![Extensión de la Primera Línea Metro_20240524_150456_0000](https://i.revistalternativa.com/cms/2024/05/24150604/Extension-de-la-Primera-Linea-Metro_20240524_150456_0000.jpg?r=16_9)
Una auditoría de cumplimiento realizada conjuntamente por la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá ha revelado diversas irregularidades en la gestión de las troncales alimentadoras y complementarias de la Primera Línea del Metro de Bogotá. El informe detalla 22 hallazgos administrativos, de los cuales 14 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno presenta una connotación fiscal por un valor de 18.179'859.880 pesos.
La auditoría, iniciada el 3 de febrero de 2023, abarcó una revisión exhaustiva de veinte contratos, diez de obra y diez de interventoría, con un valor total de 2,69 billones de pesos. Esta cifra representa el 71% del valor total de las troncales, estimado en 3,80 billones de pesos. El alcance de la investigación incluyó las Troncales Avenida Carrera 68, Avenida Cali, Avenida Caracas y el corredor verde de la Carrera Séptima, todos componentes cruciales del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
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Las estampillas distritales no deducidas, que constituyen el hallazgo fiscal, corresponden a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al bienestar del adulto mayor, y a Procultura. Esta omisión en los pagos realizados por Transmilenio a los contratistas del proyecto representa una falla significativa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales asociadas a la ejecución de obras públicas en Bogotá.
El proceso de auditoría se desarrolló mediante dos procedimientos técnicos principales. Por un lado, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura llevó a cabo un seguimiento permanente a los recursos públicos, en el marco del control concomitante y preventivo. Por otro lado, se realizó la Auditoría de Cumplimiento a las Troncales Alimentadoras y Complementarias de la Primera Línea del Metro de Bogotá, en colaboración directa entre la Contraloría General y la Contraloría de Bogotá.
Como resultado de estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha trasladado el caso con incidencia fiscal a la Contraloría Distrital de Bogotá. Esta decisión se basa en que tanto el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como Transmilenio son sujetos directos del control de la entidad distrital.