El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que la implementación del Acuerdo Final de Paz enfrenta serios retrasos en varios aspectos. "El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad", señaló, subrayando la importancia de acelerar los procesos para cumplir con los compromisos asumidos.
En relación con los informes de seguimiento, la Contraloría ha realizado 142 auditorías y otras acciones de control fiscal desde 2018, identificando 511 hallazgos administrativos y 102 con incidencia fiscal por $141 mil millones de pesos. Además, se reportaron 262 hallazgos de posible carácter disciplinario y 10 con presunta incidencia penal.
En cuanto a la política de víctimas, entre 2023 y 2024 se detectaron 183 hallazgos administrativos y un posible detrimento patrimonial de $27.767 millones.
Los procesos relacionados con el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) también reflejan irregularidades. Actualmente, 57 procesos de responsabilidad fiscal en curso representan un valor de $43.681 millones. Asimismo, la Contraloría auditó 616 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, detectando hallazgos fiscales por $522.268 millones.
En el Informe al Congreso sobre recursos del posconflicto, la Contraloría informó que entre 2017 y marzo de 2024 se han ejecutado $88,5 billones, equivalentes al 45% del total asignado. Sin embargo, la entidad calcula que serán necesarios $303,9 billones adicionales para cubrir las medidas destinadas a las víctimas entre 2024 y 2031.
Entre 2018 y 2024 se aprobaron 5.749 proyectos productivos individuales por $55.073 millones. No obstante, la mayoría de los 128 proyectos colectivos aprobados, con un costo de $47.357 millones, han cesado sus operaciones debido a problemas de seguridad, comerciales y climáticos, afectando su impacto en la sostenibilidad económica de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
