La Corte Constitucional ha admitido la primera demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro. La demanda fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, quien argumenta que la Cámara de Representantes "eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República, sin que hubiese deliberación ni explicación".
El caso ha sido asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tendrá la tarea de analizar los argumentos presentados. Según Valencia, el Congreso de la República tiene la obligación de deliberar sobre todos los aspectos sometidos a consideración, incluidos los textos propuestos en las ponencias y las proposiciones presentadas por los congresistas durante los debates.
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Hasta la fecha, la Corte Constitucional ha recibido cerca de 100 demandas en contra de la reforma pensional, Ley 2381 de 2024. Esta ley fue sancionada el 16 de julio por el presidente Petro y establece un nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, con vigencia a partir del 1 de julio de 2025.
Valencia también argumenta que la Cámara de Representantes aceptó el texto del Senado sin debatir ni explicar las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate. La norma, al ser una ley ordinaria, no pasó a control automático de la Corte Constitucional, sino que está siendo revisada tras la presentación de esta demanda.
Por otro lado, la senadora cuestiona el artículo 93 de la Ley 2381 de 2024, que establece un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, lo cual, según ella, contraviene la prohibición establecida en el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
