La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una orden que revoca la libertad condicional concedida a Álvaro "El Gordo" García Romero, exsenador condenado por parapolítica. Esta decisión se fundamenta en la existencia de un proceso activo contra García Romero, en el cual se le investiga como presunto responsable del desplazamiento de 4.000 campesinos en el departamento de Sucre durante la década del 2000. Como consecuencia, el exsenador deberá permanecer recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde ha estado desde 2010.
La revocación de la libertad condicional se produce apenas una semana después de que el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá hubiera concedido dicho beneficio a García Romero. El 8 de julio, este juzgado había determinado que el exsenador cumplía con los requisitos para acceder a la libertad condicional, dado que ya había cumplido las tres quintas partes de la condena de 40 años que le fue impuesta en 2010 por su responsabilidad en la masacre de 15 campesinos en Macayepo, ocurrida en octubre del 2000.
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El proceso por desplazamiento forzado que mantiene a García Romero tras las rejas ha tenido un recorrido complejo en el sistema judicial colombiano. Inicialmente, el caso se encontraba bajo la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en 2022, este tribunal decidió expulsar al exsenador debido a que, según su evaluación, no realizó aportes significativos a la verdad. Como resultado de esta decisión, el proceso retornó a la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Jorge Emilio Caldas fue quien emitió la nueva orden de detención contra García Romero, la cual fue comunicada de inmediato al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para evitar la liberación del político.
La masacre de Macayepo, por la cual García Romero cumple condena, fue un evento que marcó profundamente la historia del conflicto armado en Colombia. Durante ocho días, hombres del Bloque Héroes de los Montes de María, una estructura paramilitar, asesinaron a 15 campesinos y provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo y El Floral, en la zona de El Carmen de Bolívar. Lo más alarmante de este hecho fue la inacción de la Fuerza Pública durante todo el periodo que duró la incursión paramilitar, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la posible complicidad de autoridades locales y regionales en estos crímenes.
