La Procuraduría General de la Nación ha presentado un informe que expone la persistente vulneración de derechos de menores de edad, mujeres y personas de la comunidad LGBTI en Colombia. Los datos, recopilados entre enero y abril de 2024 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), revelan una situación preocupante en materia de violencia contra estos grupos poblacionales. El informe detalla que se registraron 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 11 fueron cometidos contra población en primera infancia, 7 contra infantes y 159 contra adolescentes.
Las cifras de violencia contra menores de edad son igualmente alarmantes. El INMLCF reportó 11.195 situaciones de violencia en esta población durante el mismo período. De estos casos, 5.889 corresponden a exámenes médico legales por presunto delito sexual, 2.754 por violencia intrafamiliar y 2.552 por violencia interpersonal. Estos números subrayan la gravedad de la situación y la necesidad de acciones inmediatas para proteger a los menores en el país.
El informe de la Procuraduría también identifica las 10 ciudades con mayores índices de casos de violencia intrafamiliar. Bogotá encabeza la lista con 880 casos reportados, seguida por Medellín (112), Cali (64), Villavicencio (52), Barranquilla (44), Ibagué (38), Cúcuta (35), Yopal (33), Bucaramanga (28) y Valledupar (25).
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La situación de los menores de edad bajo protección estatal también es motivo de preocupación. Según el informe, entre enero y marzo de 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró 11.427 ingresos de niños, niñas y adolescentes a su sistema de protección. Los motivos más frecuentes de ingreso fueron omisión o negligencia, violencia sexual y falta absoluta o temporal de responsable.
El informe de a Procuraduría también aborda la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTI. En el primer semestre de 2024, se reportaron en medios de comunicación 121 feminicidios, con mayor incidencia en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico. Además, se registraron 8 transfeminicidios, que se refieren a la aplicación del delito de feminicidio contra personas transgénero. Ante esta situación, la Procuraduría hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para ser rigurosos en los análisis de riesgos en los procesos penales de violencia intrafamiliar, enfatizando la importancia de evaluar los comportamientos y manifestaciones de las víctimas con un enfoque diferencial y de género, considerando el contexto cultural que ha afectado al país durante años.
