La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana para cinco municipios del departamento de Casanare y sus zonas rurales, ante el inminente riesgo que enfrentan las comunidades debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales. Los municipios afectados son Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva.
En su informe, la Defensoría del Pueblo identifica tres escenarios de riesgo principales que configuran la actual crisis de seguridad en la región. El primero de ellos es el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El segundo escenario involucra la injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona. Por último, se señala la presencia de facciones disidentes de las FARC como un factor adicional de riesgo para la población.
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La entidad defensora de derechos humanos detalla en su alerta que "el grupo AGC, en su proceso de expansión, viene posesionándose geoestratégicamente de manera violenta, incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local". Este proceso de expansión y consolidación territorial por parte de las AGC ha sido particularmente agresivo, desplazando a otros grupos armados y estableciendo su dominio mediante acciones violentas.
Adicionalmente, se reporta que este grupo armado "ha incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control generando temor, intimidación y sometimiento". Entre las prácticas utilizadas para afianzar su control, se menciona el reclutamiento de población joven, lo cual aumenta la vulnerabilidad de este sector demográfico en particular.
Frente a esta crítica situación, la Defensoría del Pueblo ha tomado medidas para solicitar una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes. La entidad se ha dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), instándola a tramitar 28 recomendaciones específicas dirigidas a entidades de nivel nacional, departamental y local.
