La Defensoría del Pueblo hace pública una carta a las delegaciones del ELN y las disidencias de las FARC donde exige que confirmen que personas tienen secuestradas y así den respuestas a las familias de las víctimas .
“Debido a la preocupación que nos asiste por el incremento en el último año del secuestro de personas, especialmente en zonas donde delinquen el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, les hemos solicitado a esos grupos armados ilegales la confirmación de los datos que hemos registrado en la Defensoría del Pueblo sobre las personas que actualmente tienen en su poder”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la conmemoración universal del Día de los Derechos Humanos.
Argumenta la Defensoría del Pueblo que los familiares de las víctimas de secuestro acuden a la entidad a solicitar mediación humanitaria y producto de las diferentes denuncias han confeccionado un censo que arrojó un listado de 91 personas a las que les estarían vulnerando su derecho a la libertad individual.
Los lugares donde han ocurrido los secuestros
La cifra es registrada desde mayo del 2020 hasta la primera semana de diciembre de este 2023. Arauca (33 secuestros), Norte de Santander (13), Valle del Cauca (8), Antioquia (7), Cesar (6), Chocó (5) y Cauca (5) son los departamentos donde más personas estarían cautiverio; les siguen La Guajira (4), Nariño (3), Meta (3), Bolívar (2), Magdalena (1) y Casanare (1).
“Aunque hemos recopilado y consolidado información que da cuenta de poco más de 90 personas secuestradas, 69 de ellas en lo que va de este año, existe la posibilidad de un alto subregistro sobre el atroz delito, toda vez que las familias de las víctimas no denuncian debido al temor generado por las represalias de los actores armados al margen de la ley”, afirma Camargo Assis.
Entre la lista enfatiza el Defensor del Pueblo, hay tres menores de edad con paradero incierto: “Por lo que solicitamos prioridad en su búsqueda y liberación inmediata, considerando su condición de especial protección constitucional y la urgencia humanitaria que implica su secuestro”.