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Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo rescató a cinco menores de edad confinados por el conflicto armado en Arauca

La Defensoría del Pueblo de Colombia llevó a cabo una misión humanitaria en Puerto Rondón, Arauca, logrando el rescate de una mujer y cinco menores de edad que se encontraban confinados en una finca rural tras la incursión de una estructura armada ilegal el pasado 20 de julio.

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Foto: Defensoría del Pueblo.

La Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo ejecutó una operación de rescate en una zona rural de Puerto Rondón, Arauca. Funcionarios de la entidad lograron liberar a seis personas, incluyendo una mujer y cinco menores de edad entre 2 y 12 años, quienes estaban retenidos en una finca tras la incursión de un grupo armado ilegal el 20 de julio. Los rescatados fueron trasladados a un lugar seguro y puestos bajo la protección del personero municipal.

Durante su intervención en el territorio, la misión humanitaria realizó una verificación de derechos en las veredas Normandía, El Progreso y La Esmeralda. Se reportó la desaparición de varios habitantes de la zona, entre ellos menores de edad. La Defensoría ha puesto a disposición sus canales humanitarios para facilitar la liberación de posibles retenidos por actores armados no estatales.

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La incursión armada ha provocado un desplazamiento masivo en la región. Según datos de la Defensoría, 15 familias (aproximadamente 70 personas) se han desplazado hacia Normandía, mientras que otras 24 familias (64 personas) se han dirigido al casco urbano de Puerto Rondón. Adicionalmente, se ha constatado el confinamiento de habitantes en las veredas El Progreso, La Esmeralda, El Paisaje y Normandía.

El conflicto ha generado la suspensión de clases en las escuelas rurales de la zona afectada, impactando directamente el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. La situación ha provocado temor en las comunidades y contraviene los principios del derecho internacional humanitario (DIH).

La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las organizaciones armadas ilegales que operan en el departamento para que respeten los derechos humanos y el DIH, instándolas a dejar al margen de su accionar a la población civil. En un Comité Territorial de Justicia Transicional, la institución solicitó a las autoridades atención inmediata para las familias afectadas y la activación de medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de la comunidad.

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