Alfredo Saade, el pastor cristiano y político que había recibido la bendición del Gobierno Nacional para manejar el recién creado Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira no pudo ver hecho realidad su 'milagro burocrático'.
La Corte Constitucional volvió a dar un golpe a las medidas de la administración Petro para supuestamente enfrentar la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, dos decretos fueron tumbados: el 1276 de 2023, que preveía medidas para la transición energética y el segundo, el 1250 de 2023, por el cual se adoptan medidas en materia de agua y saneamiento básico.
El artículo 12 que establece la temporalidad de las competencias, funciones y medidas asignadas en el presente decreto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 12 II y 13 por el cual se generó la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira se caen con efectos inmediatos y retroactivos. Allí, es donde Saade recibe el golpe y pierde un nombramiento con una salario superior a los 30 millones de pesos mensuales.
Las soluciones creadas para atender a La Guajira han sido más vistas como herramientas burocráticas para 'pagar favores' a amigos y políticos amigos que una vía práctica y revolucionaria para acabar con los problemas del departamento, muchos de los cuáles son precisamente por elementos corruptos en el engranaje de gobierno territorial, legislativo y de orden nacional.
