La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIJIN de la Policía Nacional, logró desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos. La red, según las investigaciones, habría blanqueado 24.970 millones de pesos procedentes del tráfico transnacional de estupefacientes. Las autoridades llevaron a cabo operativos en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), que resultaron en la captura de 11 presuntos integrantes de la organización ilegal.
Entre los detenidos se encuentran dos mayores retirados de la Policía Nacional: Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro. Las evidencias recopiladas por los investigadores sugieren que estos exoficiales habrían establecido dos empresas comercializadoras de productos cárnicos con el propósito de facilitar el movimiento de dineros ilícitos. Una de estas compañías, en un período de solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo a través de carros de valores y registró 117 transacciones por un valor de 33.000 dólares en el Banco de la República.
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Los demás individuos capturados, según la Fiscalía, estarían vinculados a estas empresas y figuraban como propietarios de diversos bienes inmuebles y vehículos de lujo. Específicamente, se les atribuye la titularidad de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y otros objetos de alto valor, sin que tuvieran la capacidad económica o la estabilidad laboral necesaria para justificar la adquisición de estos bienes.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos procedió a imputar a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Es importante señalar que ninguno de los acusados aceptó los cargos presentados en su contra. En cuanto a los mayores retirados, Osorio Osorio y Montoya Castro, se determinó que continuarán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde ya se encontraban desde agosto de 2023, tras haber sido judicializados y asegurados por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes.