Por María Camila Díaz Roa / Periodista de W Radio/ @ma_camiladiaz
Dieciocho intentos para reformar a la justicia han fracasado en los últimos dieciocho años. Para el nuevo ministro de Justicia, el abogado Wilson Ruiz esto se debe a que se quiere reestructurar la cúpula de la Rama, dejando de lado las dificultades de los usuarios en el ejercicio diario de acceder a la administración de justicia.
La falta de confianza del ciudadano en sus jueces, la falta de acceso a personas de escasos recursos, la poca transparencia de los servidores judiciales, son temas clave en los que trabajará en su cartera.
Revista Alternativa: Muchos ministros han llegado a esta cartera con la misión de presentar una reforma a la justicia. En 18 oportunidades las reformas presentadas no han pasado en el Congreso y han terminado afectando la gestión del ministro de turno que finalmente sale de su cargo. ¿Qué va a hacer usted para que su reforma sí prospere?
Wilson Ruiz: Necesitamos una reforma a la justicia que sea estructural, que mueva los cimientos de lo que es la justicia en Colombia. Estamos buscando la forma; analizando si lo hacemos a través de una ley estatutaria, o a través de un proyecto de acto legislativo.
Pero ¿Cómo piensa lograrlo? Las anteriores reformas se han dedicado a reestructurar la cúpula de la rama, dejando de lado las dificultades de los usuarios; al ciudadano de a pie no le interesa cuánto ganan los magistrados de las Altas Cortes, ni los periodos; lo que reclama es que le demos una justicia pronta, oportuna y eficaz que actúe rápidamente por el bienestar de los ciudadanos evitando que tengan que esperar 20 o 30 años para ello. Pero para eso necesitamos que esos mismos ciudadanos activen mecanismos existentes de conciliación. Desafortunadamente Colombia es un país que sufre de ‘demanditis’, y para poder mejorar hay que estimular a que las entidades del Estado y los particulares entren a conciliar.
¿A eso se debe la congestión de procesos? En Colombia contamos solamente con 30 mil empleados de la Rama Judicial. De ellos, 25 mil que son directos y los otros 5 mil que son funcionarios como jueces y magistrados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) habla de que deberíamos tener como mínimo 65 jueces por cada 100 mil habitantes, apenas tenemos 11. Así es imposible dar abasto.
¿Cómo piensa superarlo entonces? La tecnología es la clave. Durante la pandemia he encontrado prácticas de justicia digital que funcionan y que hay que replicar. En Santa Marta por ejemplo hay un despacho manejado por la doctora María Victoria Quiñones que funciona muy bien. Hay que trabajarle al expediente digital, y estimular a quienes acuden a la administración de justicia para que lo hagan en forma virtual. Presentar la demanda de forma virtual, las contestaciones, las pruebas, todo. Ésa es la forma más pronta y oportuna para hacerlo.
Usted insiste en que su prioridad es acercar la justicia al ciudadano ¿Cómo lograrlo con tanta desconfianza? Es innegable que se han presentado problemas de corrupción de algunos fiscales, jueces y magistrados en nuestro país, pero no podemos decir que todos son iguales. Generar o regenerar esa confianza es de lo más complicado, sin embargo estoy seguro de que cuando empecemos a poner jueces y magistrados idóneos esa percepción cambiará. Ya estamos tomando medidas: se van a enviar siete ternas para que el Congreso en pleno elija la comisión nacional de disciplina judicial: cuatro para la sala administrativa, y tres para la presidencia de la República.
Muchos dicen que las Cortes le han hecho daño a la justicia al tener facultades electorales, ¿deben seguir con estas funciones? Estamos dispuestos a escuchar a los honorables magistrados de todas las Cortes y buscar un punto de equilibrio para no maltratarlos por la dignidad que ellos representan. Tenemos que buscar los mecanismos para acordar con las Cortes si ellos quieren en un momento determinado declinar de esas facultades electorales.
Pasemos a su otra prioridad como ministro de Justicia: Las cárceles.¿Hay que acabar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec? Yo no tengo interés en eliminarlo, creo que lo podemos fortalecer y organizar. El Inpec tiene 84 sindicatos y estamos dispuestos a trabajar de la mano con todos y cada uno.
Todos los años salen directores corruptos de distintos centros penitenciarios, directores que permiten excesos, que se lucran de internos y hacen de las suyas. ¿Cómo va a combatir esto? Uno no puede tapar el sol con un dedo, por eso he hablado con el director del Inpec el general Norberto Mujica y le he dicho que tenemos que empezar a combatir la corrupción de raíz. Si tenemos que seguir cambiando directores de cárceles distritales, regionales y municipales, lo vamos a hacer con contundencia. En muchas cárceles entran a cobrar hasta por un plato de comida o una estera para dormir, hay que acabar con eso de raíz.
¿Cómo abordar el eterno problema del hacinamiento en las cárceles? Hay que crear más cupos. Hay cárceles que pueden ampliarse, por ejemplo la de Villahermosa en Cali o La Picota de Bogotá, vamos a crear instalaciones modulares y con ellas más celdas para los internos. En otros centros emplearemos estructuras rígidas cómo lo que vamos a hacer en Barranquilla con la casa de la Candelaria que va a albergar mínimo 5.000 internos.
A partir del año entrante vamos a disponer de unos recursos por parte del Gobierno nacional para poder trabajar con centros de reclusión temporal. A mí me preocupan muchísimo las instalaciones de policía, las URI o las UPJ, porque esa no es su función. Pero el tema no es solo la disponibilidad de celdas. También es de sentido común: cada uno de los 250 internos condenados por inasistencia alimentaria le cuesta al país 1.700.000 pesos al mes. ¿No sería más fácil que el mismo Estado le dé un subsidio a estos niños, y ahorrarse el cupo del personaje que no puede o no quiere hacerse cargo?
“La OCDE habla de que deberíamos tener como mínimo 65 jueces por cada 100 mil habitantes, apenas tenemos 11. Así es imposible dar abasto”.
