Por Jorge Lesmes /director revista Alternativa
En octubre del año pasado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), realizó la adquisición de un dron por un costo de nueve mil millones de pesos. Se seleccionó el proveedor a dedo; no se hizo convocatoria pública, sino se pidieron tres cotizaciones; desde hace seis meses el enorme aparato está guardado en un improvisado hangar porque ningún oficial tiene licencia para pilotearlo. Su uso es más para tareas del Agustín Codazzi que hace trabajos de cartografía o para la Fuerza Área que demarca zonas de conflicto, que para labores de seguimiento de inteligencia.
Pero, además, se destinaron 1.500 millones de pesosen la compra de dos casas prefabricadas, que se dotaron con alta tecnología, las cuales se ubicaron en el búnker de la DNI y que hoy tampoco se utilizan. Esta es la historia de la danza de los millones en el sector de inteligencia que maneja hoy Carlos Ramón González., dueño y amo del Partido Verde.
Al interior del búnker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que funciona en inmediaciones del municipio de Funza y que colinda con el aeropuerto internacional de El Dorado, se viven días azarosos, quizás los más difíciles - como dice uno de los hombres de inteligencia- desde la creación de esta dependencia en el 2011, que vela por la seguridad externa de la Nación y que, además, tiene la responsabilidad de vigilar con ojo de halcón, cualquier posible intromisión de extranjeros que pongan en riesgo la soberanía del país.
El “búnker invisible”, como lo conocen sus empleados, discretos hombres y mujeres, que pasan desapercibidos para cumplir sus funciones de inteligencia, es un hervidero de conjeturas; de renuncias sistemáticas de curtidos investigadores; de vicios de corrupción en el manejo de los gastos reservados; de compras millonarias a dedo en equipos que no son funcionales para las labores de inteligencia. Miles de millones de pesos en gastos, sin vigilancia y control.
En los casi 20 meses de esta administración, la DNI ha tenido ya dos directores. El primero fue el filósofo Manuel Alberto Casanova, compañero de lucha de Gustavo Petro en tiempos del M-19, quien fue apartado de su cargo a mediados de febrero pasado, junto con su inmediato equipo de colaboradores como lo fueron el director de Inteligencia y Contrainteligencia, el subdirector de Operaciones y la Secretaria General.
La razón de la salida de la columna vertebral de la DNI, estuvo relacionada con una “supuesta extorsión” al hoy suspendido Canciller Álvaro Leyva. De los gastos reservados salieron 30 millones de pesos para pagar un informante que prometió una serie de documentos contra directivos de Thomas Greg & Sons, la empresa que hoy tiene demandada a la Nación por más de 180 mil millones de pesos por el tema de la licitación de los pasaportes. El pésimo manejo que se le dio a la operación terminó en un escándalo que salpicó a los funcionarios de la DNI que rápidamente fueron apartados de sus cargos.
Durante la administración de Casanova, se abrieron las puertas para las irregularidades que se cometen al interior de la DNI y que hoy denuncian bajo completo sigilo un grupo de oficiales que no comparten la forma cómo se está administrando la entidad. Pero no solo ocurre en la administración pasada. En la nueva se han violado todos los protocolos de seguridad para el ingreso de nuevos oficiales.
“Las prioridades en las misiones cambiaron. La nueva administración tiene más interés en realizar inteligencia a nivel interno que en las fronteras, donde hay serias amenazas de los grupos terroristas internacionales. Es más importante saber qué piensa la oposición, magistrados y periodistas, que conocer los planes que tiene Hezbolá, la inteligencia de los rusos que se ha ubicado en Venezuela o el manejo de informantes de Maduro en Colombia”, señaló uno de los oficiales que ha vivido toda esta transformación al interior de la DNI.
Pero lo que más ha llamado la atención de los hombres de inteligencia de la DNI, es el manejo de la danza de millones de los gastos reservados. Dineros que supuestamente van para pago de informantes, han tomado otro rumbo.Ahora se hacen compras e inversiones que los mismos funcionarios han expresado su inconformidad al interior de la dependencia. “Se han hecho millonarias inversiones en equipos que no se necesitan. En construcciones que hoy no se utilizan. Esto es otra caja de pandora de la corrupción que vive el país”, señaló una oficial que por obvias razones se mantiene en reserva su nombre.
Las casas prefabricadas
La era de Carlos Ramón González frente a la DNI empezó el pasado 23 de febrero. En tiempos del M-19 ejerció de escolta de su máximo líder Jaime Bateman y ahí nació una amistad con Petro que con el tiempo se fue estrechando, a pesar de su militancia en el Partido Verde, donde es amo y señor de esa colectividad política.
Al interior de la DNI, la administración de González ha sido vista con mucho recelo, especialmente entre los oficiales de inteligencia que llevan varios años en la institución. Su displicencia en el manejo riguroso para el ingreso de nuevos empleados, es apenas una de las tantas ligerezas que se cometen desde la dirección de la entidad.
“El director no permite que a los compañeros de la época del M-19 que han llegado a integrar los equipos de inteligencia se les someta a las pruebas de polígrafo, que cumplan con los manuales de confiabilidad, el estudio de antecedentes como lo ordena la ley de inteligencia 1621 del 2012”, señala uno de las fuentes consultadas por Alternativa.
Durante la administración de Casanova se decidió que las “casas de vigilancia” que en palabras más claras significa lugares de fachada para realizar operaciones de vigilancia y que están regadas por diferentes lugares del país, se comenzará a realizar un cierre paulatino bajo el argumento de austeridad presupuestal.
Todo el personal de inteligencia fue enviado al búnker en el municipio de Funza. Y la administración ordenó la construcción de dos enormes casas prefabricadas para ubicar dentro de las instalaciones de la DNI, con el fin de tener espacio suficiente para sus trabajadores.
“La inteligencia de un país no es para tenerla toda encerrada en un mismo lugar. Las “casas de vigilancia” prestan un servicio excepcional con el fin de contactar fuentes, realizar seguimientos, vigilancia de sospechosos”, agrega la fuente consultada.
Sin ningún estudio previo ni análisis de las ventajas de mantener concentrado el equipo humano de inteligencia, se adquirieron dos casas prefabricadas cuyo costo supera los mil millones de pesos. A eso se suma la inversión de cableado para internet, dotación de equipos tecnológicos. Para los oficiales de la DNI consultados por Alternativa los gastos ascendieron a los mil quinientos millones de pesos.
Pero además del costo del proyecto, la administración de Carlos Ramón González cambió de parecer. No estuvo de acuerdo en concentrar toda la inteligencia en el búnker de Funza, un municipio en las goteras de Bogotá que dificulta el desplazamiento y que queda lejos de todo.
La Dirección de Asuntos Internos y Seguridad Operacional (DAISO), bajo la responsabilidad de Ricardo Rosanía, realizó un contrato de arrendamiento para un edificio ubicado en inmediaciones del Park Way en Bogotá, donde hoy funciona buena parte de la inteligencia de la DNI.
“Las casas prefabricadas quedaron al sol y al agua. Nadie las está utilizando en el búnker de Funza, a pesar de que ya están disponibles. Esa inversión fue innecesaria y ahora tenemos más de mil millones de pesos sin uso alguno”, enfatiza uno de los oficiales de inteligencia.
La danza de los millones
Pero la inversión directa de la DNI no solo ha sido en las casas prefabricadas. Una de las herramientas clave que tienen los hombres de inteligencia para realizar sus seguimientos es la utilización de tecnología de punta. Una de ellas y que cada vez se ha perfeccionado más, es el uso de drones.
“Cuando tenemos que seguir un blanco que se moviliza en ciudades como Bogotá, con una densidad enorme de tráfico, utilizamos los drones. Los Urban Matrice 300 que son muy fáciles de maniobrar, imperceptibles, que vuelan a más de mil metros de altura, totalmente silenciosos, y que a esa distancia ubican nítidamente la placa de un vehículo”.
Este tipo de drones han sido durante años clave en el trabajo de la DNI y los oficiales se han convertido en “pilotos” expertos en su manejo. Varias de las más importantes operaciones que han realizado, su éxito ha dependido del uso de esta tecnología.
Pero las cosas cambiaron en octubre del año pasado, todavía bajo la administración de Casanova. Los oficiales de inteligencia fueron sorprendidos por la Dirección de Gestión Institucional (DIGEI), que tiene como responsable a Jorge Arturo Lemus. Es una oficina administrativa, que no tiene ninguna experiencia en el manejo de equipos de tecnología. Sin embargo, gestionó el proceso de compara de un dron tipo VTOL que tiene la capacidad de despegar y aterrizar de forma vertical, como lo hacen los helicópteros.
Se trata de un enorme aparato, cuyas medias sobrepasan los seis metros de ancho (de ala a ala) por cuatro de envergadura. Que necesita de gasolina de avión para volar, que tiene una autonomía de vuelo de 10 horas. Sus fabricantes los recomiendan para labores de topografía y cartografía. También son muy utilizados para sobrevolar extensos campos agrícolas para recopilar información exacta sobre el desarrollo de los cultivos.
“Este tipo de aparatos los utiliza especialmente el Instituto Agustín Codazzi para realizar mapas cartográficos. También lo utiliza la Fuerza Aérea para ubicar mapas de zonas especiales que están bajo el ataque de los grupos guerrilleros o las organizaciones de narcotráfico”, señala un oficial de inteligencia de la DNI.
Pero no son recomendados ni idóneos para realizar labores de seguimiento de personas sospechosas. “Solo basta con imaginar un aparato de estas dimensiones, que tiene motores propulsores, que operan con hélices para realizar un seguimiento en un control de inteligencia que requiere, sigilo, cero visibilidades y evitar despertar la más mínima sospecha”, agrega otro de los oficiales de la DNI.
No obstante, el proceso de compra se llevó a cabo. Los oficiales de la DNI consultados por Alternativa contaron una serie de irregularidades que se cometieron en esta compra. 1) Se seleccionó el proveedor a dedo; 2) una empresa en el sur del país con el nombre de Prime Comercializadora SAS con un capital de trabajo de tan solo 300 millones de pesos; 3) se exigió el pago de cuatro mil millones de pesos de anticipo; 4) los dineros salieron de los gastos reservados.
Finalmente, la compra se realizó en octubre del año pasado. La inversión fue de nueve mil millones de pesos. El enorme dron llegó al búnker de la DNI y a la fecha, hoy domingo 12 de mayo del 2024, no existe una infraestructura física para poderlo guardar. No hay el equipo de “pilotos” preparado por el DNI para hacerlo volar.
“Para operarlo se requiere que los pilotos tengan una licencia especial y en la DNI no hay ese tipo de pilotos. Pero, además, por la ubicación de las instalaciones de la DNI en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, cada vez que se quisiera hacer volar el dron, se requiere de un permiso de la Aeronáutica porque puede ocasionar un accidente aéreo con alguna aeronave comercial que este despegando o aterrizando”, señalan los oficiales de la DNI
Pero los oficiales de la DNI van más allá.Por su experiencia en labores de inteligencia y conocimiento de tecnología, señalan que la compra del dron tiene sobrecostos no justificados. En el mercado de este tipo de aparatos militares el valor oscila en los cuatro mil millones de pesos. Los funcionarios de la dependencia que autorizaron su compra buscan afanosamente cómo poder poner en funcionamiento el dron que permanece guardado en improvisado hangar dentro las instalaciones del búnker en Funza
El multimillonario dron, las casas prefabricadas, el arriendo de un edificio, hacen parte del inventario de dos administraciones que se han apartado por completo de la misión de la DNI, que es garantizar la seguridad de la Nación.
Una parte de los oficiales del pasado, preparados en las mejores escuelas de inteligencia a nivel global, decidieron dar un paso al costado ante la improvisación y los cambios misionales de la entidad. Otra lucha por mantenerse dentro de la institución, hacer las denuncias bajo sigilo por el miedo que los embarga de ser objetivos de investigaciones y seguimientos e incluso algunos de ellos, temen por sus vidas, porque a la DNI han llegado personas sin ningún estudio previo de antecedentes y sin conocimiento alguno sobre su pasado.
Mientras tanto, el director de la DNI, Carlos Ramón González tiene otros asuntos más importantes que atender. Como ocurrió el miércoles pasado que durante una buena parte de la mañana estuvo a puerta cerrada con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
