Por: Carlos Noriega
Especial para Revista Alternativa
Israel Rodríguez Pereira, Omar José Martínez Solís, Juan Bautista Caraballo Rivera, Joel Alfonso Meriño Torregrosa y otro ser humano que, hasta el momento aún está en proceso de identificación, encontraron un trágico final en la madrugada del pasado viernes 31 de mayo, al colapsar el puente Simón Bolívar, que comunica la capital del Atlántico con el municipio de Soledad, dejando además un saldo de tres personas heridas.
Tan rápido como la noticia copó los medios de comunicación y las redes sociales, todas las entidades que, directa o indirectamente, podrían estar relacionadas con la tragedia, salieron a señalar a otros y esquivar la responsabilidad por la fatal negligencia. Esta penosa situación es un denominador común en un Estado que, gozoso de hacer reformas tributarias cada dos años para aumentar el recaudo, no es capaz de atender las funciones más elementales que tiene a su cargo y que, como resultado, hoy enluta a cinco familias y tiene en vilo a tres más.
Lo primero a señalar es que era un evento totalmente prevenible, en varias ocasiones a lo largo de los años la comunidad en general —incluyéndome como barranquillero—, las autoridades administrativas, el gremio de ingenieros y políticos de todas las orillas habían denunciado, al menos una vez, que el puente requería una intervención inmediata por sus visibles fallas y alto flujo vehicular particular y de transporte público. El más reciente de estos llamamientos fue uno oficial observable en la cuenta de X de la alcaldía de Soledad, dirigido a la ANI y con fecha de 12 de marzo, solicitando la intervención inmediata del puente en la sección de sus orejas por varias quejas de los usuarios.
“Lo más preocupante de todo es que la alcaldía de Soledad emitió un informe de alerta a la ANI sobre cuatro puntos más, pertenecientes a carreteras nacionales, que están en un estado de deterioro alarmante”
Lo segundo, es que muchos ciudadanos y medios de comunicación erraron al mezclar al distrito de Barranquilla en el asunto. El puente de “La 30”, como coloquialmente se le conoce, está posterior al polémico letrero de “Hasta aquí llega Barranquilla” que la administración colocó para demarcar la frontera con Soledad, tras recibir críticas de no haber continuado con las mejoras viales hasta la entrada del puente y dejar por fuera unos 100 metros, aproximadamente, que están literalmente destapados y con escombros; por lo que sin dudas, el puente está en jurisdicción de Soledad.
Ahora bien, ello no quiere decir que la alcaldía de Soledad es la responsable ya que la historia del puente de “La 30” comienza en la década de los ochenta cuando fue construido y posteriormente inaugurado en el año 1987, siendo el punto final de la ruta nacional 25 que nace en Cali y termina en Soledad. Esta concesión, llamada “Ruta Costera”, finalizó en 2020 y estaba a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien la excluyó del tramo de su jurisdicción ese mismo año. Por ende, durante la concesión, aunque geográficamente el puente se ubicará en el municipio, este no tenía la autoridad de intervenirlo.
Entonces ¿Quién era el responsable cuando acabó la concesión? Pues viendo el numeral 2.17 del artículo 2 del Decreto 2618 de 2013, una de las funciones de Invías es coordinar la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte desarrollada en concesión. Empero, tal acto administrativo a día de hoy NO existe y, como se confirma en palabras de Héctor Carbonell, director del capítulo Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura: “El problema es que si ese puente, administrativamente, la ANI no lo entregó al Invías o, en su defecto, el Invías no lo recibe, ese puente es un limbo. Ese puente no tiene hoy un responsable jurídico”.
Entonces, ¿quién debe responder por las personas fallecidas y heridas? Por ahora, y según todas las entidades que orbitan la tragedia, no hay formalmente un culpable. Una grosera revictimización que agrava la situación de las familias, y las obliga a gastar en procesos jurídicos casi eternos, mientras luchan por subsistir económicamente; como en las familias de los tres hombres fallecidos en uno de los vehículos, que se dirigían al mercado de Barranquilla a trabajar.
“¿Quién debe asumir las responsabilidades de los mantenimientos? ¿Quién responde ante una catástrofe? La indiferencia y el juego de culpas no pueden ser las respuestas de un Estado que tiene la obligación de proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos”
El otro gran interrogante es la causa del colapso; pero de nuevo, no hay responsable. En palabras del ministro de Transporte la “emergencia no estaría relacionada con la falta de mantenimiento a la vía, sino que se habría desencadenado por la saturación del terraplén de acceso a la mencionada estructura”. Hipótesis algo contradictoria con la misiva que Comité Intergremial del Atlántico mandó en 2020 al Ministerio, señalando que desde hacía 3 años no había recibido mantenimiento.
Desde otra esquina, la ANI y el Invías, ratifican que colapso del puente fue por una filtración de agua, en palabras textuales el comunicado precisa: “El equipo técnico especializado identificó que una posible causa del desafortunado siniestro está relacionada con la falla de un colector de 52 pulgadas de aguas negras, el cual generó un lavado progresivo del material de soporte de la vía, creando un socavón debajo del pavimento y causando el colapso del terraplén de la estructura”.
Por su parte, la Triple A, empresa de acueducto de Soledad y Barranquilla, emitió comunicado rechazando esta hipótesis y aclarando que no existía evidencia, ni reporte de una fuga de agua en la zona afectada.
Lo más preocupante de todo es que la alcaldía de Soledad emitió un informe de alerta a la ANI sobre cuatro puntos más, pertenecientes a carreteras nacionales, que están en un estado de deterioro alarmante. Estos son un bulevar semidestruido con alto flujo vehicular, un canal con losas faltantes y dos puentes peatonales, uno de los cuales, el más crítico, conecta con el colegio INEM, justo después del puente colapsado, donde cientos de niños circulan diariamente para cruzar con “seguridad” la calle 30.
En todos los casos, el meollo es el mismo: ¿quién debe asumir las responsabilidades de los mantenimientos? ¿Quién responde ante una catástrofe? La indiferencia y el juego de culpas no pueden ser las respuestas de un Estado que tiene la obligación de proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos.
