En pocas semanas la tensión reinante en el campus de la Universidad Nacional escaló a diferentes niveles de batalla campal, hasta llegar al punto actual en donde las autoridades están en alerta todos los días.
Ciertamente no es un grupo de estudiantes espontáneos los que lideran las protestas recientes contra la elección del rector Ismael Peña. En el interior del grupo de manifestantes abiertamente hay miembros de guerrillas y bandas criminales. La forma organizada de los ataques y las manifestaciones contra los uniformados, en campus y en redes sociales son lógicas de grupos por fuera de la ley. Si antes había una duda razonable, ya no lo hay del todo. La duda se disipó, la realidad es que la guerrilla tiene cooptada la línea de protesta supuestamente estudiantil.
La elección del rector se ha convertido en un escenario político, lejano a lo académico y los miembros del gobierno tienen una agenda detrás mucho más complicada de lo que un desprevenido lector pueda pensar. Basta leer el texto de la propuesta reforma a la educación, para darse cuenta que lo que quiere el gobierno del Pacto Histórico es establecer una nueva modalidad más “democrática” de elección de rectores de universidades públicas y privadas.
El objetivo que pretenden es que en toda universidad, la elección del rector sea lo más parecido a las elecciones de alcaldes o concejales en los municipios. Los estatutos universitarios pueden decir lo contrario, pero al Gobierno lo que le interesa es crear mayores espacios de expansión de su narrativa social, para tener en el largo plazo unas luchas dentro de las universidades que estén amarradas, o se vuelvan un aproximado a las de los cargos de elección popular.
El hecho de haber nombrado al ministro de Cultura como ministro ad hoc para que intentara forzar una designación de un rector encargado es una forma de violentar la autonomía universitaria. La designación incluía una orden perentoria explícita de designar “en menos de 24 horas” al mejor estilo de las decisiones judiciales o policiales. La realidad es que el Consejo Superior Universitario en la Nacional tiene miembros del gobierno, pero no son mayoría.
Va a ser muy difícil que se logre una votación, especialmente cuando la representante de los estudiantes renunció recientemente y no se ve una elección de su reemplazo en el corto plazo, lo cual desbarata el quórum fácilmente. Sin tener mayorías en el Consejo Superior, el presidente Gustavo Petro quiere imponer a otro rector que no sea Ismael Peña, no porque Peña no sea de sus afectos, sino porque quiere de facto tumbar la legitimidad de esa elección que no es la de los estudiantes.
Una de las formas de sumar a la campaña política de 2026 que está haciendo en el recorrido actual por todo el país, es entregarles a los estudiantes de todas las universidades públicas la idea de cambio administrativo, por el lado de que pueden meter mano en la elección de quién va a administrar su entidad educativa. El objetivo es sumar fortines políticos regionales que después sirvan de base para las elecciones parlamentarias y luego presidenciales dentro de dos años.
Entrar al terreno electoral es un suicidio para todas las universidades. Algunas públicas quedarían ahorcadas en el manejo diario de los operativos de seguridad cuando haya una confrontación con manifestantes, tal como sucede hoy en la sede de la Universidad Nacional.
Para los miembros de la clase política puede ser algo atractivo tener voz y manejo de ese tipo de escenarios, ya que cualquier político va a hacer el cálculo sobre la base de estudiantes como si fuera base de votantes para una causa. A nivel de calidad académica es el final de la película. Los profesores acreditados que puedan van a comenzar a buscar salir hacia otro tipo de escenarios, probablemente internacionales. Los mejores profesionales académicos se irán, los mediocres se quedarán.
El golpe final lo sufrirán los estudiantes y sus familias. ¿De qué sirve que la educación sea gratuita para ellos, si la calidad se va al suelo? En el escenario que quiere el Gobierno, las universidades públicas terminan siendo simples máquinas de suma de votos y el manejo de la elección de cada rector una campaña con múltiples intereses distintos a los académicos.
Al tener el “control” de los rectores podrían comenzar eventualmente desarrollo y ejecución de proyectos y decisiones que nada tienen que ver con una de las mejores etapas de la vida para los jóvenes: la experiencia universitaria. El costo de este tipo de decisiones es alto. Los expertos en el sector han advertido de puntos inconvenientes dentro del proyecto de ley. La ministra Aurora Vergara avanza a pasos agigantados. Es la única iniciativa del Gobierno que ha logrado atraer a todos los partidos políticos, de hecho, tiene los votos para aprobación en todos los debates. Ojo que podrían estar aprobando la creación de un nuevo esperpento politiquero.
