En los territorios indígenas de Colombia, el sistema de salud propio ha sido un tema de discusión durante años. A pesar de los esfuerzos realizados desde la implementación del Decreto en 2014, las evaluaciones muestran que aún existen desafíos significativos, especialmente en relación con la mortalidad relacionada con la salud mental.
En una investigación realizada por la Contraloría de la República, se identificaron algunos avances y obstáculos en el sistema de salud indígena, así como las implicaciones de la tasa de mortalidad en estas comunidades.
El sistema de salud indígena ha estado en funcionamiento durante aproximadamente 12 años, pero las evaluaciones recientes revelan una falta de avances relevantes. La Contraloría ha identificado fallas de criterio y falta de coherencia con las normas en la implementación del sistema. A pesar de la asignación de recursos significativos, la falta de criterios técnicos para el desembolso de los fondos ha obstaculizado su efectividad.
Uno de los hallazgos clave de la evaluación es la necesidad de una mayor articulación con el sistema de seguridad social. Los grupos indígenas que cuentan con una fuerte organización sociopolítica tienen más éxito en la captación de recursos y la implementación del sistema. El modelo CRIC, que agrupa al 90 % de la población indígena del Cauca, ha logrado avances debido a su estructura organizativa sólida y a la creación de una EPS indígena propia.
“Durante la última década, la tasa de mortalidad materna en las comunidades indígenas ha oscilado entre 6 y 2,5 veces más alta que la tasa nacional”
La falta de progreso en el sistema de salud indígena tiene graves repercusiones en la tasa de mortalidad, especialmente en lo que respecta al estado mental de las personas indígenas. La depresión se ha identificado como una de las principales causas, con tasas más altas que el promedio nacional. Además, la muerte de madres gestantes y niños indígenas sigue siendo alarmante, destacando la necesidad urgente de mejorar el acceso a la atención médica adecuada.
“Por cada 100.000 habitantes en la población indígena, de 200 a 300 indígenas madres se mueren; de los niños, la tasa general del país indica que entre 10 y 20 mueren, mientras que, en la tasa indígena es entre 60 y 70”, comentó David Estiven Fernández, contralor delegado.
Para avanzar en el sistema de salud indígena, se requiere una mayor articulación con el sistema de seguridad social y un enfoque en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. La implementación exitosa del modelo CLIP podría servir como referencia para otras comunidades indígenas. Sin embargo, la falta de apoyo continuo del Gobierno Nacional plantea riesgos para la sostenibilidad del sistema y la atención adecuada a estas comunidades marginadas.
La situación de salud materna e infantil en la población indígena de Colombia presenta cifras delicadas que están muy por encima de las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. Fernández expresó que: “Durante la última década, la tasa de mortalidad materna en las comunidades indígenas ha oscilado entre 6 y 2,5 veces más alta que la tasa nacional, destacando un preocupante indicador de 201,7 por cada cien mil nacidos vivos en 2022, en comparación con la meta ODS de 32”. Este marcado contraste refleja las dificultades continuas que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto.
Por otro lado, la tasa de mortalidad en menores de 5 años en la población indígena también muestra una brecha significativa con respecto a las metas establecidas. En 2021, esta tasa alcanzó los 26,1 por cada mil nacidos vivos, superando ampliamente la meta ODS de 15 para el año 2030. Esta disparidad pone de relieve los desafíos adicionales que enfrentan los niños indígenas en términos de acceso a servicios de salud básicos y atención médica preventiva. La falta de recursos y la limitada infraestructura de salud en las áreas indígenas contribuyen a esta preocupante realidad.
Es importante destacar que la reducción de la mortalidad materna y infantil, así como la incidencia de enfermedades como la tuberculosis, son objetivos prioritarios en la política de etnicidad y salud 2019-2025 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los datos actuales muestran que Colombia aún enfrenta desafíos significativos para alcanzar estos objetivos en las comunidades indígenas. Se requiere una acción urgente y coordinada por parte del Gobierno y las organizaciones de salud para abordar estas disparidades y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad para todas las poblaciones, incluidas las comunidades indígenas.
El informe detallado de la Contraloría General de la República, también resalta, las deficiencias y la ineficacia en la implementación del Sistema de Salud Indígena (SISPI) en Colombia. A lo largo de tres Planes Nacionales de Desarrollo, que abarcan el periodo desde 2010 hasta 2022, se establecieron metas para estructurar y operar el SISPI, pero los resultados han sido decepcionantes.
Durante este lapso de tiempo, el Gobierno Nacional asignó recursos por un total de $20.193 millones para este propósito. Sin embargo, la ejecución de estos fondos apenas alcanzó el 47%, lo que equivale a $9.467 millones. Esta cifra refleja una utilización ineficiente de los recursos destinados a la implementación del sistema, lo que subraya la urgente necesidad de una gestión más efectiva de los fondos asignados.
