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Reforma a la Salud

En el limbo la salud de 25 millones de colombianos

Para más de 25 millones de colombianos sus servicios de salud quedarán bajo la responsabilidad del Estado.

Los expertos consultados por Alternativa señalan que el gobierno Petro no está preparado logísticamente para asumir semejante reto y la aparición de IPS de garaje se multiplicarán por el país. Otro de los efectos que señalan los analistas está relacionado con las consecuencias y los efectos en el sector productivo. Los empresarios tendrán que salir al mercado a buscar un sistema de aseguramiento para sus empleados y muchas empresas no tienen la capacidad financiera para hacerlo. ¿Se abre la puerta al mercado de los seguros de salud privados como ocurre en Estados Unidos?

Fue una semana de tsunami la que ha vivido la salud en el país. Los colombianos están perplejos y sumamente preocupados porque no saben a hoy, cuál será de la suerte de las EPS que prestan sus servicios de atención médica.

No saben quién atenderá sus tratamientos para enfermedades que no dan espera. Para sus consultas y entrega de medicamentos. Si los servicios los seguirán prestando las entidades a las que están afiliadas o a dónde deberán acudir a partir de las medidas tomadas por el gobierno, en cabeza de la Superintendencia de Salud.

Fot Shutterstock.

Por ahora, lo único cierto, es que el Congreso de la República, en la comisión séptima, se votó por el archivo de la Reforma de la Salud que tuvo un tránsito de más de un año entre las comisiones de Cámara y Senado y un enorme desgaste político para el gobierno de Petro.

El sistema de salud ha venido en cuidados intensivos de tiempo atrás. Las quejas de los ciudadanos por la falta de atención en los servicios se multiplicaron. Las tutelas han sido la vía para lograr que los pacientes reciban sus tratamientos que en muchos casos no dan espera. Por su parte las EPS respondieron que el dinero que les giraba el gobierno de turno no alcanzaba para cubrir los gastos, cumplir con los pagos de sus proveedores, entre ellos los hospitales públicos que fueron denunciando que estaban quebrados por la carencia de esos ingresos.

En medio de ese escenario llegó el gobierno de Gustavo Petro que desde su campaña anunció que uno de los pilares de su mandato serían las reformas sociales entre ellas las de la salud.

Anunció que haría un fuerte revolcón en el manejo que tenían las EPS que se habían convertido en foco de corrupción y un negocio que había enriquecido a unos pocos. Que los dineros de la salud se iban a girar directamente a los hospitales, clínicas y prestadores de servicio médicos; que se iba a priorizar la atención primaria, así como la atención en las regiones más apartas del país. Y para ello las EPS pasarían a ser gestoras de salud.

Esa fue la esencia del proyecto de reforma de salud que presentó la entonces ministra Carolina Corcho, al Congreso de la República hace más de año. En plena luna de miel del gobierno Petro y con una coalición de partidos – Liberal, Conservador, la U, Los Verdes- que permitía prever que habría una reforma de fondo, que realmente resolviera los males que aquejaban el sistema y que los colombianos recibieran una atención de calidad y a tiempo.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas. Foto: Presidencia de la República.

Pero nada de eso pasó. La reforma de la salud se convirtió en una especie de caballo de Troya. El gobierno, en cabeza de la ministra Corcho radicalizó el discurso y dejó en claro que los temas de fondo, como el final de las EPS, no era negociable. La coalición de gobierno con el paso de los meses estalló en mil pedazos. Cobró la cabeza de varios ministros -Ocampo, López, Gaviria- que no estuvieron de acuerdo con el articulado presentado por el gobierno. Se llevó por delante a la misma ministra Corcho y llegaron nuevos aires en cabeza del ministro Jaramillo, para muchos en el Congreso, más radical que su antecesora.

El desgaste político del presidente Petro ha sido enorme. Un año y ocho meses de gobierno después, ha perdió el control del Congreso que finalmente el miércoles pasado en la comisión séptima hundió el proyecto de reforma de salud. Aunque para sectores del gobierno sigue vida porque se ha apelado su hundimiento.

El efecto dominó

Pero el hundimiento de la reforma en el Congreso abrió una puerta hacia la incertidumbre. Cuando algunos sectores pensaron que las EPS habían logrado sortear semejante escollo, vino la aplanadora desde la Casa de Nariño. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, a través de un video divulgado por redes sociales, anunciaba la intervención de una de las EPS más grandes del país como es Sanitas. Por un año. El argumento: crisis financiera. Deudas por más de 2 billones de pesos, según cifras del Gobierno Nacional.

En efecto, el martes en la tarde funcionarios de esa dependencia se tomaron las oficinas de Sanitas ubicadas en el norte de Bogotá, ordenaron a los empleados retirarse de sus escritorios y sus equipos de trabajo quedaron en manos de la Superintendencia de Salud. 5,8 millones de usuarios quedaron con el credo en la boca porque a hoy no saben cuál será el futuro en la prestación de sus servicios médicos.

El efecto dominó sobre la intervención de las EPS de la que había hablado el presidente Petro en una entrevista meses atrás con la Revista Cambio, se materializó unas horas después cuando la misma Superintendencia de Salud anunciaba la intervención de la Nueva EPS que controla el Estado y tiene más de 10 millones de afiliados. El argumento: según el propio presidente Petro, se había encontrado una falsa contabilidad en la que se extraviaron más de seis billones de pesos.

Pero el tsunami en el sector salud continuaba arrasando. El pasado viernes a primeras horas del día, la EPS de Compensar que tiene más de 2,2 millones de afiliados, anunciaba que solicitaba a la Superintendencia de Salud poder ingresar a un proceso de liquidación por la grave crisis económica que atraviesa.

En manos del Gobierno

25,1 millones de usuarios del sistema de salud quedan bajo la responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Es la mitad de los usuarios en el país. Esos usuarios hacen parte de las EPS intervenidas.

Si la Superintendencia acepta el proceso de liquidación de Compensar, la cifra pasará a 26,9 millones de colombianos que sus servicios de salud será responsabilidad única del Estado.

Pero aún no se sabe si esa cifra aumentará porque en ese efecto dominó que habló Petro, hay seis EPS más que están en cuidados intensivos y en la mira del control por parte del gobierno. Una de ellas es Sura, que de acuerdo con un informe de la Contraloría general de la Nación es una de las más endeudadas y tiene obligaciones que superan los 782.410 millones de pesos. La deuda total de las EPS con las IPS y los proveedores de medicamentos superan los 11,3 billones de pesos

Foto: Presidencia de la República

Hasta el momento están intervenidas y bajo el control de la Supersalud las EPS de Sanitas, 5,8 millones de afiliados; la Nueva EPS, 11,2 millones; Asmet Salud, con 1,6 millones; Famisanar con 2,9 millones; Emssanar con 1,7 millones; y Savia Salud con 1,67 millones de afiliados.

¿Tiro en el pie?

Para los analistas del sector salud consultados por Revista Alternativa el gobierno “se está pegando un tiro en el pie” con estas intervenciones porque no tiene la infraestructura ni la logística adecuada para asumir la prestación del servicio a la mitad de la población.

“En lo social se va a vivir una situación muy compleja porque hoy el Estado adolece de la infraestructura para prestar el servicio a más de 25 millones de ciudadanos”, señala uno de los expertos en el sector de las EPS que por la situación que vive el país en materia de salud, pidió reserva de su nombre. Y agrega: “esto va a llevar a la aparición de IPS de garajes. Sin ningún rigor técnico ni científico, para prestar esos servicios.

Pero además los expertos señalan que los más perjudicados con estas intervenciones de las EPS que las va a llevar a su desaparición en el sistema de salud, serán los sectores donde hay la mayor población de pobreza.

“Los pacientes se van a morir porque el Gobierno no está preparado operativamente para asumir el manejo de 25 millones de colombianos pidiendo servicios”.

Como ejemplo señalan que montar una simple IPS para 20 mil usuarios requiere de más de un año de trabajo de preparación. De selección de personal, de logística en equipos para una atención adecuada.

El segundo componente de la crisis que se avecina está relacionado con las consecuencias y los efectos en el sector productivo en el país. “Los empresarios tendrán que salir al mercado a buscar un sistema de aseguramiento para sus empleados. Y eso significa para las empresas un enorme gasto y muchas de ellas no lo van a poder asumir. No está dentro de su estructura de gastos”.

Para los analistas esta situación está relacionada directamente en la forma cómo se va afectar la competitividad del país: “se verá seriamente comprometida. El sistema de aseguramiento de los empleados tiene un costo altísimo y el gobierno no tiene dentro del plan de la reforma a la salud una salida o un mecanismo para afrontarlo”, agregan los expertos entrevistados por Alternativa.

Otro de los temas que preocupa al sector productivo del país con las decisiones de las intervenciones de las EPS, es de tipo legal.

Las demandas administrativas serán millonarias por parte de los dueños de las EPS. En el caso de Sanitas ya actuó tanto en las demandas administrativas como penales contra funcionarios del gobierno.

“Sanitas está defendiendo el impacto que tendrán sus trabajadores. Muchos de ellos van a perder su empleo. Así va a ocurrir con otras EPS. Más de 300 mil empleos directos se verán afectados por estas decisiones de la Superintendencia de Salud”.

Esta crisis del sistema de salud, que viene de tiempo atrás, se ha agudizado mucho más durante el presente gobierno. Para los expertos consultados por Alternativa la compleja situación por la que están atravesando las EPS es porque el ministerio de Salud ha entregado los recursos a cuenta gotas. Y el efecto ha sido la quiebra. Para que el gobierno ponga en marcha la tarea de estatizar el sistema y volver al pasado tenebroso de lo que fue el Seguro Social.

Esta crisis, provocada por el propio Gobierno, abre una puerta nueva y es la de los seguros privados. Varios de las empresas que prestan servicios de salud en el país, están a punto de lanzar paquetes de seguros privados. Estos se acomodan al bolsillo de los colombianos. Pero la letra menuda se tendrá que leer con lupa para saber hasta dónde llega su cobertura.

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