Más de 3,3 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objetivo de solicitar la realización de un referendo sobre la autonomía fiscal para las regiones. El comité promotor del referendo, coordinado por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, entregó las rúbricas en cumplimiento del primer paso para avanzar en esta propuesta.
La cantidad de firmas recolectadas supera en casi 1,3 millones el umbral de 2 millones que la ley exige para avalar el proceso. En los próximos días, la Registraduría iniciará la revisión de las firmas, un proceso que podría demorar alrededor de 45 días.
Si la Registraduría valida las firmas, el proyecto pasará al Congreso de la República, donde se debatirá su viabilidad. Los representantes a la Cámara y senadores tendrán la tarea de decidir si continúa el proceso hacia la Corte Constitucional, la cual deberá analizar si la propuesta se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución de 1991.
La iniciativa, que busca reformar el artículo 298 de la Constitución, fue impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el apoyo de diversas figuras políticas y sociales. Entre los respaldos más notables se encuentra el del exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien es precandidato a la presidencia de la República.
El objetivo principal de esta propuesta es que, por ejemplo, los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, lo que permitiría que las regiones reciban al menos el doble de lo que actualmente perciben a través del Sistema General de Participaciones (SGP). De ser aprobada, la reforma implicaría un cambio significativo en la estructura fiscal del país.
Los promotores han explicado reiteradamente que con el referendo se permitiría que los ciudadanos y las empresas tributen directamente a los departamentos en los que tienen su lugar de residencia. De este modo, se buscaría un mayor control y autonomía financiera para las regiones.
Si la Corte Constitucional avala el proyecto, el presidente de la República deberá convocar un referendo en 2025, en el que los colombianos decidirán si aprueban o no la modificación propuesta al artículo 298 de la Constitución.
