El Gobierno de Gustavo Petro se aproxima a la mitad de su periodo presidencial, y el Congreso de la República se prepara para la tercera legislatura del cuatrienio. En este contexto, el recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha iniciado su gestión enfocándose en la construcción de alianzas con diversos sectores políticos. Esta estrategia busca allanar el camino para el "gran acuerdo nacional" propuesto por el presidente Petro, con el objetivo de impulsar sus reformas sociales.
Una de las prioridades del Gobierno será la presentación de una nueva versión de la reforma a la salud, después de que la propuesta anterior no lograra avanzar en la comisión séptima del Senado en abril. Se anticipa que esta nueva versión contará con un mejor entendimiento con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y presentará un articulado más específico. Sin embargo, persisten dudas sobre la receptividad que pueda tener esta iniciativa en el Congreso, especialmente tras los recientes problemas evidenciados en el servicio de salud para los docentes de instituciones educativas públicas.
En el ámbito educativo, el recién posesionado ministro de Educación, Daniel Rojas, enfrentará el reto de impulsar una nueva reforma al sistema educativo. Esta tarea se perfila como particularmente compleja, considerando que en el semestre anterior las negociaciones parlamentarias relacionadas con esta iniciativa no llegaron a buen puerto.
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Por otro lado, la reforma laboral, que logró evitar ser archivada durante la legislatura anterior y fue aprobada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se posiciona como uno de los grandes pendientes para el próximo período legislativo.
Además de estas reformas, el Gobierno tiene en su agenda otros proyectos legislativos importantes. El Ministerio de Justicia está preparando un proyecto de reforma judicial en colaboración con la Corte Suprema y la Fiscalía General, que se centrará en la modernización del Sistema Penal Acusatorio y mejoras al sistema carcelario.
También se buscará continuar con el desarrollo de las leyes ordinarias de Jurisdicción Agraria, tras la aprobación de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria en la legislatura pasada. Asimismo, la reciente consagración del campesinado como sujeto de especial protección constitucional requerirá la elaboración de una ley estatutaria que desarrolle los derechos de esta población.
