Nueve exservidores de la ANI fueron acusados formalmente por la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Entre ellos se encuentran Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; Daniel Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; Emerson Durán Vargas, exgerente financiero; y otros funcionarios de diversas áreas de la entidad.
El ente acusador presentó pruebas que demuestran la presunta actuación ilegal de los nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en relación con el contrato de concesión 01 de 2010, cuyo objeto era la construcción del tramo vial "Ruta del Sol II". Las irregularidades se habrían presentado durante el trámite y celebración de varios otrosíes a dicho contrato.
Entre las adiciones investigadas se encuentran el Otrosí 4, firmado en octubre de 2013, que modificó las condiciones financieras y plazos de ejecución de varios tramos del proyecto, evitando el cobro de multas al contratista por procesos sancionatorios. También se investigan los Otrosíes 5 y 8, suscritos en diciembre de 2013 y 2014 respectivamente, que permitieron incluir en el contrato original la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones necesarias.
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Otros otrosíes bajo investigación son el 7, suscrito en mayo de 2014, que modificó la forma de pago mejorando el flujo de caja del concesionario y privando al Estado de percibir rendimientos financieros; el 9, firmado en diciembre de 2015, que modificó nuevamente la fórmula de pago y reconoció los puentes como estructuras independientes, contrario a lo pactado; y el 10, celebrado en noviembre de 2016, que eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de una calzada, descontando al concesionario una suma inferior a la que realmente correspondía.
La Fiscalía determinó que los exfuncionarios, de acuerdo con sus roles y competencias, participaron en la elaboración y aprobación de estudios de conveniencia y oportunidad, firmaron y aprobaron actas de comité que recomendaron suscribir los otrosíes, y proyectaron y aprobaron las adiciones. Todo esto habría beneficiado al concesionario, del cual hacía parte la empresa brasileña Odebrecht.
