El Gobierno Nacional ha emitido una declaración de emergencia carcelaria para todos los centros de detención en Colombia en respuesta a una serie de incidentes violentos dirigidos contra el personal del Inpec. Esta medida, decidida de manera unánime por el Consejo Directivo del Inpec, tiene como objetivo implementar diversas acciones presupuestarias y de seguridad para hacer frente a la situación. Se ha solicitado el respaldo adicional de las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia en los centros penitenciarios.
La declaración de emergencia surge después de una serie de homicidios, ataques y amenazas contra el personal del Inpec en diferentes áreas del país, como Cartagena, Jamundí y Tuluá. Esta es la cuarta ocasión en la que se declara una emergencia carcelaria en Colombia, siendo la más reciente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
Entre las medidas contempladas en la emergencia se encuentran la reasignación de recursos presupuestarios, la contratación directa de personal y la suspensión o reemplazo del personal en situaciones de riesgo. Además, se evaluará la posibilidad de regular las visitas presenciales a los centros de detención.
El aumento significativo en los casos de extorsión carcelaria, así como los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario, han motivado esta declaración de emergencia. La Fiscalía General de la Nación está trabajando para desarticular a la banda criminal "La Inmaculada", que opera en Tuluá, Valle.
El Gobierno ha expresado su compromiso con la protección de la integridad de todos los ciudadanos y continuará trabajando para garantizar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario colombiano.
