El presidente Gustavo Petro emitiría este jueves 23 de enero el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, región que atraviesa una grave crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Esta decisión, que deberá ser revisada por el Congreso de la República y avalada por la Corte Constitucional, busca restaurar el orden público en la zona.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el Ejecutivo descartó declarar una emergencia económica, opción que había sido considerada en los últimos días e incluso fue anunciada por Petro. Este cambio, aunque disminuye el impacto de la decisión, demuestra la improvisación o que no hay rutas claras de qué acciones tomar, debido a que el mandatario había anunciado ambas decisiones, después de días de iniciada la confrontación, cuando se creía que ya tenía el diagnóstico completo en cuanto a los recursos requeridos y las actividades operacionales necesarias para retomar el control en una zona donde los grupos criminales tienen más poder que el Estado.
Según el ministro, se emitirá el decreto de conmoción interior con medidas relacionadas con la acción de las Fuerzas Militares y de Policía, la atención humanitaria y el llamado ‘Pacto por el Catatumbo’.
En relación con las acciones contempladas, el ministro detalló que las medidas se estructuran en tres áreas clave: seguridad, atención humanitaria y desarrollo regional. En materia de seguridad, se reforzará la presencia de las Fuerzas Armadas y se adoptarán restricciones para recuperar el control en la región. Paralelamente, se implementarán medidas humanitarias para asistir a las víctimas del desplazamiento forzado. Otro componente del plan son las medidas económicas que permitirá financiar proyectos para el desarrollo local.
El decreto de conmoción interior otorgará a Petro, facultades extraordinarias, incluida la posibilidad de emitir decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación previa del Congreso. No obstante, el control de estas decisiones estará a cargo de la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad y la justificación de la declaratoria. Aún así sigue generando preocupaciones en algunos sectores, sobre la utilización que se le de a esas facultades.
Según el Gobierno, la declaratoria de conmoción interior busca no solo mitigar la crisis actual, con que se permita una intervención más rápida y coordinada en la zona, sino establecer bases para un cambio estructural en la región, lo cual , de igual forma, llevará años, después que ambos grupos criminales y otros, sean la "autoridad" en la zona.
