La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación contra el decreto probatorio emitido por la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia. La apelación se refiere a la decisión de mantener como evidencia las interceptaciones telefónicas entre el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y su entonces abogado defensor, Diego Cadena, dentro de la investigación por supuesta manipulación de testigos.
En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia autorizó interceptaciones telefónicas durante un mes, las cuales inicialmente se dirigían a otras personas. Durante este período, se registraron un total de 28 conversaciones entre Uribe y Cadena. Estas grabaciones fueron consideradas como evidencia en el proceso judicial relacionado con la supuesta manipulación de testigos, lo cual no deberían tomarse en cuenta, en vista de que era la relación abogado - cliente, ademas que siempre ha causado controversia que se grabaran las llamadas de una persona a quien no se había autorizado interceptar.
El procurador Bladimir Cuadro, en representación del Ministerio Público, argumenta que la inclusión de estas interceptaciones como prueba en el caso vulnera garantías procesales fundamentales, en particular el derecho a la confidencialidad entre un abogado y su defendido. Según Cuadro, el principio de inviolabilidad de las comunicaciones en el contexto de la defensa legal debe ser respetado, dado que las conversaciones se dieron mientras Cadena actuaba como defensor de Uribe.
Las 28 interceptaciones en cuestión fueron realizadas entre el expresidente y su abogado, en un momento en que la Corte Suprema investigaba supuestas irregularidades. Las grabaciones contienen discusiones sobre temas legales relacionados con el caso, lo que ha generado polémica sobre su validez como prueba.
En su solicitud formal ante el Tribunal de Bogotá, la Procuraduría pidió la revocación de la decisión tomada por la juez Heredia, argumentando que las interceptaciones violan el derecho de defensa y la confidencialidad en la relación abogado-cliente. La resolución sobre el recurso de apelación podría tener implicaciones en el tratamiento de este tipo de pruebas en procesos judiciales relacionados con la defensa penal.
