La Procuraduría General de la Nación sancionó a tres exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por estar involucrados en la compra irregular de 40 carrotanques para surtir de agua a algunos municipios del departamento de La Guajira. Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, fue destituido e inhabilitado por 18 años, mientras que Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, recibió una sanción de 20 años. También fue sancionado Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, con destitución e inhabilidad por 10 años.
La investigación de la Procuraduría asumió que los exfuncionarios adquirieron los carrotanques a precios superiores al valor del mercado, lo que resultó en un sobrecosto superior al 54 % respecto al precio real. Los vehículos fueron comprados por más de 16 mil millones, lo que implicó un pago de más de 412 millones por cada uno de los 40 carrotanques , un valor significativamente mayor al que correspondía en el mercado.
López fue señalado por ratificar la orden de proveeduría y autorizar pagos al contratista, lo que implicó una afectación al patrimonio público que no solo generó un perjuicio económico, sino que también compromete la transparencia en el uso de recursos públicos.
En cuanto a Pinilla Álvarez, la Procuraduría confirmó su participación directa en la compra de los vehículos y en la autorización de pagos. El informe subraya que Pinilla omitió observar que las cotizaciones recibidas por el contratista superaban considerablemente los precios del mercado. Además, se le imputó haber certificado que los 40 carrotanques fueron entregados “a satisfacción”, a pesar de que no fueron utilizados para los fines humanitarios establecidos por el gobierno.
Las conductas de ambos exfuncionarios fueron calificadas como faltas gravísimas cometidas con dolo. La Procuraduría destacó que, al autorizar los pagos y la compra a sobreprecio, López y Pinilla no solo incumplieron los principios de eficiencia y economía, sino que también actuaron con la intención de perjudicar los recursos públicos destinados a la atención de la crisis en La Guajira. .
Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, también fue sancionado por facilitar la compra a través de la ratificación de la orden de proveeduría. Según la Procuraduría, contribuyó a la aprobación del pago a la fiduciaria La Previsora, a pesar de las irregularidades detectadas en el proceso. Este comportamiento fue calificado como falta gravísima por desatención a sus deberes.
Con este fallo de primera instancia , la Procuraduría envía un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos. Además, recordamos que este episodio de los sobrecostos fue el que generó la investigación que derivó en el mega escándalo de corrupción de la compra de congresistas para aprobar las reformas y de entrega de contratos por parte de esa entidad , a cambio del voto positivo a los proyectos del gobierno.
